La discusión del proyecto de sala cuna universal volvió a tensionarse este martes en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Esta vez, el principal punto de desencuentro fue el copago que podrían enfrentar las familias, una materia en la que, pese a las conversaciones que desplegó Ejecutivo con los parlamentarios, no se logró construir un acuerdo transversal.
El debate surgió durante la revisión de las indicaciones de la oposición, relacionadas al artículo 205, que regula el financiamiento del beneficio.
El diputado Héctor Ulloa planteó la necesidad de evitar un copago sin límite. Por ello, consultó al gobierno si existía alguna fórmula alternativa que permitiera acercar posiciones.
La respuesta del ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue que, por ahora, el Ejecutivo mantendrá su propuesta: subsidiar el 50% del copago a las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. “De momento, esto es la propuesta del Ejecutivo”, dijo Rau.
Así, el secretario de Estado aseguró que el tema se trabajó con la Dirección de Presupuestos (Dipres) y sostuvo que seguía disponible para dialogar, y defendió que la competencia entre establecimientos también podría contener los cobros.
“Lamentablemente, quien también debiese haber sido parte de esta discusión es el Ministerio de Hacienda, porque hay alguien que nos está frenando, a pesar de la voluntad del ministro (Rau), la posibilidad de construir acuerdos en esta materia”, cuestionó Yeomans.
Pero las explicaciones no despejaron las críticas.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, reconoció la disposición del ministro para negociar, aunque advirtió que las conversaciones no llegaron a buen puerto. Según expuso, la oposición había solicitado que el fondo financiara íntegramente la matrícula y mensualidad, dejando el copago solo para servicios adicionales y sujeto a un techo.
“Yo lo lamento porque pensaba que esta era la comisión en donde nosotros pudiéramos avanzar en estos temas, más allá de la voluntad del ministro. Pero yo entiendo que acá, lamentablemente, quien también debiese haber sido parte de esta discusión es el Ministerio de Hacienda, porque hay alguien que nos está frenando, a pesar de la voluntad del ministro (Rau), la posibilidad de construir acuerdos en esta materia”, cuestionó Yeomans.
La parlamentaria alertó que, sin esas condiciones, habría familias que no podrían cubrir los montos exigidos. También cuestionó que el diseño del fondo mantuviera fuera al sector público y apuntó al Ministerio de Hacienda por la falta de acuerdo.
A su juicio, el resultado podría traducirse en diferencias de acceso según la capacidad económica de los hogares.
La controversia se trasladó luego al plano reglamentario. La indicación parlamentaria que buscaba asegurar la suficiencia del aporte para financiar la sala cuna y eliminar el copago fue declarada inadmisible, al estimarse que incidía en materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Con todo, pese a las diferencias, hubo varios gestos de disposición al diálogo por parte de Rau. La comisión aún debe resolver la propuesta del gobierno, por lo que aún continuarán debatiendo respecto al financiamiento y su alcance.
La sustentabilidad del fondo
En medio de la comisión, un nuevo antecedente se sumó a la discusión del proyecto de sala cuna universal. La Superintendencia de Pensiones (SP) elaboró un informe sobre el impacto que tendría en el Seguro de Cesantía la propuesta de redestinar parte de las cotizaciones de cargo del empleador al financiamiento del nuevo sistema de cuidados.
El documento, fechado el 30 de octubre, evaluó una reducción de 0,15 puntos porcentuales en los aportes destinados al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y de otros 0,15 puntos en las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC), proyectando sus efectos hasta 2035.
¿Los resultados? Si bien la nueva fórmula de financiamiento propuesta por el gobierno tendría consecuencias sobre los recursos acumulados, el organismo concluyó que no pondría en riesgo la sustentabilidad del FCS durante el período evaluado.
En concreto, las proyecciones apuntaron a que el patrimonio del fondo solidario sería un 24,2% inferior al escenario sin modificaciones hacia diciembre de 2035, mientras que los saldos acumulados en las cuentas individuales registrarían una disminución de 5,6%.
El análisis también incorporó escenarios de estrés económico, con una menor cantidad de cotizantes, mayores solicitudes de beneficios y caídas en la rentabilidad de los fondos. Pese a ello, la superintendencia sostuvo que la propuesta no comprometería la sustentabilidad del sistema, aunque sí implicaría una menor acumulación de recursos para financiar futuras prestaciones.
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Carolina León
