Por Angela Chávez
Un duro cuestionamiento al rol fiscalizador que ha jugado la Contraloría General de la República durante la actual campaña electoral, formularon ayer en el Partido Socialista (PS), al denunciar -una vez más- el intervencionismo del gobierno y puntualmente del presidente Sebastián Piñera. Ello, tras la inauguración de un memorial en la Región del Biobío en recuerdo de las víctimas del terremoto del 27-F a 24 días de las elecciones presidenciales.
El titular de la colectividad, diputado Osvaldo Andrade, junto a su colega y candidato a senador por Santiago Oriente, Carlos Montes, no solo acusó al oficialismo de “no haber sido capaz de madurar” sino que de estar incurriendo en un “acto cruel al usar indebidamente a las víctimas para lograr fines político electorales”.
Y es que, según detalló el dirigente partidista, no sólo llama la atención que un memorial que conmemora un hecho tan doloroso se haya inaugurado a meses de la fecha en que se recuerda la tragedia y a semanas de la elecciones, sino que además se trata de un monumento que no está listo y que cuenta con 34 observaciones por parte de la municipalidad de Concepción.
Es decir, puntualizó Andrade, “el memorial no tiene ni siquiera recepción”, por lo que “no deja de ser sintomático porque si se trata de conmemorar a las víctimas del 27 de febrero, en esa fecha todavía va estar el presidente Piñera y, en consecuencia, no había razón alguna para este adelantamiento que no sea el aprovechamiento político de un hecho de esta naturaleza”.
Andrade recordó que dicho acto encabezado por el mandatario, coincide con la inauguración por parte del ministro del Interior, Andrés Chadwick, del nuevo edificio de la Onemi y que tampoco está listo.
El control de las leyes
“El intervencionismo se transformó en la hoja de ruta de este gobierno”, sentenció el diputado, frente a lo cual el diputado Montes emplazó a la Contraloría a asumir más firmemente su responsabilidad en controlar las leyes en lo que se refiere a intervención electoral”.
El parlamentario y candidato a senador recordó que hace un año atrás le hicieron llegar al organismo una serie de antecedentes “de la intervención electoral en la elección municipal a través del Fondo Social, con fotos y todos los detalles y finalmente los dejó a un lado. Ahora se le han entregado muchos antecedentes y no asume la responsabilidad que tiene de controlar esta situación”.
A modo de ejemplo, Montes contó que en Puente Alto se han hecho al menos 10 almuerzos con platas municipales y sólo se han invitado dos candidatos, ello -dijo- “debió haber motivado la curiosidad de la Contraloría”, por lo que “el intervencionismo ha ido más allá de todos los limites conocidos”.
Por lo mismo, añadió Andrade, “es el momento que la Contraloría de oficio genere acciones de fiscalización, ya lo hace respecto de instituciones públicas. Queremos es que esa misma política se emplee para la fiscalización de este tipo de intervencionismo que ya ha sobrepasado todos los límites imaginables”.
Investigación de Contraloría
A raíz de las acusaciones del diputado Carlos Montes (PS) respecto de que la Contraloría habría "dejado a un lado" los antecedentes sobre intervención electoral municipal, entregados por un grupo de parlamentarios de la oposición, cabe recordar que a fines de mayo pasado los legisladores requirientes fueron notificados del resultado del informe de investigación realizado por el organismo en cuestión.
El documento, publicado en la pagina web de la institución con el numero 45/2012, constituye una respuesta al requerimiento de "los diputados señoras Adriana Muñoz y Alejandra Sepúlveda, y los señores Marcelo Díaz, Carlos Jarpa, Carlos Montes, Ricardo Rincón, René Saffirio, Gabriel Silber y Mario Venegas", quienes -consigna el texto- "han solicitado se realice una auditoría al funcionamiento y gestión de los recursos del Fondo Social Presidente de la República, FOSOC, (dependiente del Ministerio del Interior) en el período comprendido entre los años 2011 y 2012".
Así entre las conclusiones formuladas por la Contraloría se plantea que "ese servicio (el Fondo) deberá disponer la instrucción de un proceso sumarial con el fin de investigar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados con la falta de control oportuno que se debió ejercer sobre el proyecto "Reparación y Mejoramiento de la Sede Social Herminda de La Victoria", remitiendo a este Organismo Fiscalizador el acto administrativo que lo instruye y designa al fiscal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del presente informe".
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