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REGÍSTRATE AQUÍLa medida, entre otras materias, restringió durante un año y medio la utilización de agua en los embalses.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 3 de septiembre de 2012 a las 17:06 hrs.
Este viernes 31 de agosto se dio por finalizado el Decreto de Racionamiento Preventivo que afectaba el funcionamiento del Sistema Interconectado Central (SIC) que se extiende desde Taltal a Chiloé y abarca al 93% de la población.
La medida, entre otras materias, restringió durante un año y medio la utilización de agua en los embalses, determinando que las empresas debían reservar una cantidad de agua que inicialmente se fijó en 500 GWh (lo que aseguraba la operación de las centrales por cerca de diez días) para luego reducirse a 312 GWh (en abril de este año).
El Decreto de Racionamiento preventivo original (Decreto Supremo Nº 26) se publicó el 9 de febrero de 2011, y posteriormente se prorrogó (Decreto Supremo Nº 58) en agosto del mismo año. Mediante el Decreto Supremo Nº38, publicado el 30 de abril del 2012, se realizó una segunda prorroga.
La hidrología de los meses de invierno, sumada principalmente a la entrada en operación de la central Santa María (340MW aproximadamente) y el inicio de pruebas de la central Bocamina 2 (340MW aproximadamente ), permitieron una proyección de seguridad al suministro eléctrico.
Según indicó el ministerio de Energía, el objetivo de este decreto, "fue evitar, manejar, disminuir o superar los déficits de generación que se podían producir en el SIC, así como también preservar la seguridad en el sistema, mediante ciertas medidas orientadas a reducir sus impactos para los usuarios, a estimular o premiar el ahorro voluntario y a aminorar los costos económicos que dichos déficit puedan ocasionar al país".
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
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Por 25 votos contra 22, la Sala aprobó una indicación que establece que los menores de dos años serán los titulares del derecho. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió que este corresponde a la persona trabajadora y, tras la votación, formuló reserva de constitucionalidad.
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