La reforma tributaria lleva casi ocho meses promulgada como Ley de la República. Sin embargo, es un tema que vuelve cada vez con más fuerza al debate, especialmente luego de que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, pidiera la renuncia a dos de los ideólogos del proyecto: el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt.
Hasta hace un par de días, las expectativas eran altas en torno a la posibilidad de modificaciones al texto legal, pretensiones que fueron descartadas por el nuevo jefe de las finanzas públicas, Rodrigo Valdés.
"Tenemos una reforma ya legislada y tenemos que preocuparnos de que sea bien implementada", señaló Valdés a "El Mercurio" el domingo, cerrando la puerta a eventuales modificaciones a la normativa.
El economista y ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, defiende la postura del ministro de Hacienda en términos de que es razonable que la autoridad no esté haciendo cambios "todo el día". Sin embargo, afirma que el sistema tiene distorsiones que en algún minuto van a necesitar una revisión y que es obvio que el sistema tributario chileno "no se va a quedar igual para siempre".
Y tomando en cuenta que todavía quedan años para que entre en rigor "podemos tener una revisión en el futuro", dice De Gregorio.
Este último punto es compartido por los abogados tributaristas. Los expertos reiteran que el proyecto requiere una serie de "aclaraciones" para facilitar la implementación del mayor cambio al sistema impositivo en 30 años.
Y todas las miradas apuntan a la convivencia de los dos sistemas tributarios que, a partir de 2017, nacen del proyecto: el de integración parcial y el de renta atribuida voluntaria.
Para el socio de Baraona Abogados, Juan Manuel Baraona, modificaciones a la reforma no debieran desecharse de manera tan "inmediata", ya que hay "varias cosas" que debieran aclararse, partiendo por el esquema de tributación.
"El sistema mismo debería ser analizado. No debería haber un cambio per se, sino más bien un estudio. Siempre he tenido una postura de hacer un solo sistema de tributación con una tasa corporativa de hasta 25% por tramos de utilidades", propone el experto.
La socia de Fuensalida & Del Valle, Carolina Fuensalida, va más allá y plantea que para implementar correctamente la reforma, debiera analizarse postergar la entrada en vigencia de los nuevos sistemas de tributación. "No quiero decir que cerrar la puerta a priori a cambios en este tema es apresurado, pero yo creo que todavía falta un trabajo de implementación en un laboratorio para ver si realmente logran convivir la cantidad de sistemas que vamos a tener", sostiene.
Paola Cabezas, de BC Abogados, plantea que debiera analizarse quitar la posibilidad de optar por uno de los dos esquemas, ya que "se debe entender que las PYME no están bien asesoradas". Además, plantea que deben "simplificarse" los alrededor de 11 registros que creará la normativa.
Para Mario Gorziglia, de Prieto y Compañía, es "temprano" para preveer cómo será la convivencia entre ambos sistemas.
"Nadie puede anticipar qué ocurrirá con un sistema tan complejo como el que busca implementarse con la reforma. Hoy no existen herramientas para decir que la implementación será fácil", sostiene.
Norma antielusión
Para Fuensalida, uno de los temas más relevantes será la publicación, en los próximos días, de la circular que rige la norma general antielusión que comienza a operar a partir del 30 de septiembre. "El mercado está muy expectante por la publicación de esta norma, en especial por todas las situaciones que ha estado pasando el SII en el último tiempo. Con todos los casos que ha estado viendo el SII,no tengo claridad que se hayan dado el tiempo para analizar en detalle este tema. Lo que se requiere hoy son certezas", advierte.
Para Cabezas, las circulares que definan la norma deben ser lo suficientemente "aterrizadas" para evitar "arbitrariedades" en la fiscalización de parte del Servicio de Impuestos Internos.
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