Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20 acordaron en 2015 el denominado programa BEPS, siglas en inglés de base erotion and profits shifting, o “erosión de la base y traslado de beneficios”. Estas hacen referencia al plan de los países miembros para combatir la evasión y la elusión, derivada de algunos mecanismos tributarios utilizados por empresas transacionales, todo para evitar la “erosión” de la base impositiva de dichos países.
La idea es establecer con exactitud de qué manera y en qué territorios deben tributar las compañías. Para ello, se fijó un plan de largo plazo con 15 medidas que las naciones -incluido Chile- se comprometen a implementar.
Una de las más relevantes –la número cinco, específicamente- implica que las administraciones fiscales intercambien información de manera voluntaria y automática de normativa tributaria, convenios y caracterización de sus contribuyentes, entre otras.
La OCDE acaba de publicar una evaluación de cómo se ha utilizado el mecanismo, dando cuenta de miles de intercambios de datos.
Acorde con el reporte “Harmful Tax Practices: 2017 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings”, los países realizaron más de 21 mil traspasos de información en materia fiscal en los últimos dos años, de los cuales más de 6 mil se realizaron en 2016 y 14 mil durante el año pasado.
La información remitida hace referencia a dictámenes (o también denominados rulings) en materia fiscal, datos de contribuyentes, convenios y regímenes fiscales especiales, entre otros.
En particular, los rulings se refieren a cualquier tipo de determinación o tratamiento tributario que haya establecido el Fisco con un contribuyente o un grupo de ellos y ante el cual estos últimos puedan ampararse. Esto, con la idea de establecer criterios comunes o debatir ideas respecto a cómo tratar a ciertos pagadores de impuestos.
Todo esto con el objetivo compartido de mejorar la transparencia tributaria y promover mayor certeza y previsibilidad en el tratamiento impositivo que cada país aplicará.
Chile pasa la prueba
La evaluación del organismo internacional también da cuenta de que al 31 de diciembre del año pasado, las jurisdicciones bajo revisión han emitido más de 16 mil dictámenes relativos a políticas de mayor transparencia en materia tributaria.
“Todas las jurisdicciones han tomado pasos para implementar el marco legal necesario para el intercambio espontáneo de información sobre dictámenes para el año en revisión”, señala el texto.
La evalución contempló 92 jurisdicciones, tanto miembros de la OCDE y el G20 como no integrantes. En total, se realizaron 60 recomendaciones, mientras que de las 49 emitidas en 2017, 29 fueron acogidas.
Chile, por su parte, aprobó todos los aspectos evaluados en el marco de referencia BEPS en 2017, aunque en la práctica -dice el reporte- no emitió dictámenes relativos al marco de transparencia.
Por ello, el país no registra intercambios de datos con otros países al alero de BEPS.
Eso sí, la OCDE recomienda al país emitir dos directrices en materia de transparencia: uno sobre arreglos avanzados de precios transfronterizos; y otro, relativo a conductos sobre operaciones con partes relacionadas. 
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