Las renuncias de las encargadas de llevar adelante el proceso del Censo abreviado 2017 volvió a poner al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) bajo la lupa de la opinión pública y recordó los pasos en falso que tuvo la administración anterior. Pero también surgió la pregunta: ¿en qué está el proyecto de ley que le otorgará autonomía al INE que todavía no es ingresado al Congreso? Si bien el gobierno se comprometió a comenzar su tramitación en septiembre, aún existen puntos de discrepancias que Economía y Hacienda deben terminar de resolver.
Uno de esos aspectos se relaciona con el mecanismo para nombrar a los consejeros que tendrá el INE. Una de las alternativas es un modelo similar al que rige en el Banco Central, donde los integrantes son nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. La segunda apunta a que se siga un diseño parecido al Consejo para la Transparencia, mientras que también surge como opción que sea bajo el sistema de Alta Dirección Pública. "Cualquiera de los modelo que se opte para elegir a los consejeros se relaciona directamente con el grado de autonomía que tendrá el nuevo INE", relata un conocedor del proceso.
El grado de autonomía es otra de las materias que todavía falta por definir, ya que al interior del gobierno no está clara la magnitud de independencia que se le quiere dar y si tendrá como misión consolidar toda la información estadística del país. "Por un lado se quiere una independencia total del Ejecutivo, sin embargo, se debe definir qué tipo de mediciones estarán bajo la tutela del INE, por ejemplo, la pobreza". A ello se suma la definición por parte de la Dirección de Presupuestos de los recursos que se le entregarán para que funcione este nuevo organismo.
En otras palabras, el modelo que se está mirando se asemeja al actual INE de México. Este se rige por una junta de gobierno, que es su órgano superior de dirección. Está integrada por el presidente del Instituto y cuatro vicepresidentes, los cuales son designados por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores. Su objetivo central es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Con todo, desde el gobierno esperan que el proyecto sea ingresado al Congreso en noviembre para poder zanjar pronto esta discusión.
Visión parlamentaria
Los parlamentarios coinciden en que se debe acelerar el ingreso del proyecto para poder contar pronto con un organismo fortalecido para llevar adelante el proceso estadístico.
El senador Andrés Zaldívar (DC) sostuvo que "se debe conocer el proyecto pronto, ya que es muy importante tenga una autonomía".
El diputado Faud Chaín (DC) aseveró que "no se puede seguir postergando la discusión del INE autónomo y perder un año más. Se empiezan a acercar los plazos del nuevo Censo y por eso me preocupa que se haya perdido un tiempo valioso para entregarle mayores atribuciones y la fortaleza necesaria al INE".
En tanto, Jaime Belliolo (UDI) acotó que "debemos tener un estándar superior que nos permita confiar en las estadísticas que se están realizando por el INE".
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