En perfecta sincronía, tanto el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, como el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, afirmaron que el Parlamento- en base a sus atribuciones- designó al ex diputado UDI Cristián Letelier como nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC), tras el acuerdo al que llegó la tienda gremialista con el PS. Por lo que se trata de una decisión autónoma de un poder independiente del Estado.
De este modo, evitaron pronunciarse sobre los cuestionamientos que pesan sobre Letelier, por supuestamente haberle pedido dinero a Empresas Penta, en junio de 2013, para la campaña presidencial de Pablo Longueira. Ello, según un correo electrónico entre Letelier y Carlos Alberto Délano, donde le solicitaba a uno de los dueños del holding ayuda financiera.
En esa línea Elizalde señaló que "somos respetuosos de la autonomía de los poderes del Estado y cada poder tiene que hacerse responsable de las designaciones que realiza". Mientras el jefe de gabinete expresó que "esta es una decisión autónoma de un poder del Estado, un Poder Legislativo que la ha tomado como corresponde soberanamente, y es el poder del Estado que ha nombrado a esta persona quien se tendría que pronunciar".
Por su parte, Letelier, tras asumir como miembro del TC, negó cualquier tipo de vinculación con Penta, asegurando que no recibió ningún tipo de dinero, y que él siempre ha actuado de forma ética en los cargos que ha desempeñado.
El operador político
Aunque desde el Ejecutivo se restaron a cuestionar su nombramiento, en Palacio existe un análisis más de fondo sobre los méritos del abogado para llegar a dicho cargo. Pese al acuerdo que el PS hizo con la UDI, y que permitió que se aprobara el carta del oficialismo para el TC, Nelsón Pozo, en La Moneda estiman que Letelier cae en el estatus del llamado "operador político", lo cual hace necesario revisar cómo se nombran a los miembros de dicho tribunal. Un análisis que se da en medio del debate que debiese abrirse en torno a la reforma al TC que, supuestamente, se planteará en el marco de la nueva Constitución, en donde se espera avanzar en una reforma profunda en las atribuciones del organismo.
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