Uno de los tópicos que mayor debate ha generado hasta ahora, en el marco de la reforma tributaria, ha sido la ampliación de la categoría de gastos aceptados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) como necesarios para producir la renta.
La propuesta legislativa contempla aprobar como gasto deducible de la base imponible los desembolsos realizados en tópicos como pagos por cláusulas penales, acuerdos judiciales y responsabilidad social empresarial (RSE), entre otros.
El tema ha generado críticas de la oposición, que ha puesto el foco en que se abriría la puerta a “pasar” por gasto aspectos que no son indispensables para las empresas. Los recursos rechazados se gravan con una tasa de 40%.
El SII aterrizó en su ponencia ante la comisión de Hacienda de la Cámara las cifras detrás del debate: durante el año tributario 2018 -con información comercial de 2017-, el servicio dio luz verde a más de US$ 710.000 millones en gastos realizados por contribuyentes, mientras que lo rechazado ascendió a apenas US$ 712 millones. O sea, apenas el 0,1% del total.
En los gastos aceptados, el 83,4% provinieron de grandes compañías, mientras que un 7% de las medianas, 6,8% de las pequeñas y solo 2,9% de las micro.
En cambio, de los recursos no visados por el servicio, al no considerarse “imprescindibles” para la generación de las ganancias, el 83% fue generado por las grandes compañías, mientras que el 10,4% por las medianas, un 5,1% de las pequeñas y apenas un 1,5% de las micro.
¿Es clara la normativa?
En el gobierno siguen con atención el debate que ha generado la ampliación de categorías de gastos necesarios para producir la renta. En entrevista con Diario Financiero, los coordinadores de Hacienda y cerebros del proyecto Manuel Alcalde y Carolina Fuensalida señalaron estar disponibles para aclarar la norma.
El socio de Cabello Abogados, Juan Pablo Cabello, valora que se modernice la normativa, ya que “ha generado históricamente discusiones” sobre la deducibilidad de conceptos como fiestas de fin de año, honorarios de abogados e indemnizaciones laborales: “Sin perjuicio de lo anterior, este es un cambio fundamental, por lo que se requiere revisar y ajustar varios aspectos de lo establecido en el proyecto. Sin duda esta modificación genera un efecto en la recaudación, por lo que debe comprenderse en el análisis financiero del proyecto”.
Osiel González, del estudio Bruzzone & González, propone que la lógica debiera ser que “todos los gastos sean deducibles, salvo que se trate de gastos efectuados en beneficio de los socios, que debieran ser tratados como retiros de utilidades, o de gastos que correspondan a otros contribuyentes”.
El socio de Mena & Alessandri, Andrés Alessandri, considera que los gastos no aprobados por el SII “se han desvirtuado con el tiempo, convirtiéndose en un nuevo impuesto. Así, valoramos el proyecto ya que pone el foco en el sentido económico de los gastos”.
Boris León, socio y líder de Auditoría Tributaria de Baraona Fischer Spiess, advierte que si bien la reforma puede “ayudar” en la operatoria de las empresas, “también puede ser utilizada para posibles abusos y generar una mayor fiscalización en esta materia por parte de la autoridad tributaria”.
Juan Cristóbal Ortega, socio del citado estudio, complementa: “Al establecer requisitos menos restrictivos que los existentes, la reforma constituye sin dudas un avance. Sin embargo, se echa de menos un reconocimiento más explícito del principio de la libertad de empresa”. 
Reforma tributaria: jueces de los TTA se reúnen con Hacienda
Un mes intenso en materia de reuniones por el proyecto de reforma tributaria fue diciembre para el Ministerio de Hacienda.
El subsecretario del ramo, Francisco Moreno, sostuvo un encuentro con los jueces y trabajadores de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), quienes por separado han manifestado duras críticas a la iniciativa, principalmente por la creación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y el impacto que esta figura en los tribunales especializados. El 4 del mes pasado, Moreno se entrevistó con la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de los TTA, integrada por Eveline Collao y Javier Alarcón. El día 14 recibió en su despacho a la Asociación Nacional de Jueces de los TTA. Asistieron los magistrados Hernán Farías y Cristhian Navarrete.
Adicionalmente, el 19 de diciembre la coordinadora de Modernización Tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, conversó con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para abordar el proyecto, mientras que el coordinador de Política Tributaria de la cartera, Manuel Alcalde, se reunió con la gerente de Tax & Legal de PwC, Sharoni Rosenberg.
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