Aún el gobierno no envía el proyecto definitivo sobre financiamiento de las campañas y los partidos políticos. Sin embargo, ya existen algunas luces respecto a su dirección, que el mismo Ejecutivo ha definido como la búsqueda de un sistema más competitivo, transparente e igualitario. Bajo esas señales, se abrirá un nuevo escenario para las campañas, con mayores desafíos para los candidatos, no sólo al verse limitados en su recepción de donaciones de parte de personas jurídicas (empresas), si es que finalmente llega a puerto esa iniciativa; sino también en el despliegue que deberán realizar ante el mayor grado de regulación que tendrá la actividad, en orden a hacerlo más igualitario.
El cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, sostiene que ante un mayor marco regulatorio, cuestión que le parece acertada, las campañas cambiarán, dando mayor realce a las ideas que a la colocación de carteles: "los candidatos van a tener que hacer mucho terreno, con más cantidad de voluntarios, y eso estimula una campaña muy distinta a la que tenemos hoy; lleno de carteles, pero sin ningún impacto en contenidos e ideas", advierte el académico.
En esa misma línea, el abogado Patricio Zapata apunta a un desafío más profundo que traería esta nueva reglamentación, que contribuiría -de paso- a generar una mayor conciencia cívica en la sociedad. Pues si se eliminan los aportes de empresas, habría que salir a buscar más donaciones de personas naturales, lo que se transformaría en un gran reto: "hay que fomentar las donaciones de las personas. Matamos, de este modo, dos pájaros de un tiro, fomentando también el civismo, que nos quejamos tanto. Así como la gente saca de su bolsillo dinero para la Teletón -gente con ingresos bajos muchas veces-, entonces, ahora hay que tratar de convencer a la gente que invertir en política hace a un país mejor", explica.
Otro punto que Fuentes considera importante de abordar es definir con claridad y sin ambigüedades -como ocurre hoy- qué se entiende por campaña. Hoy, un candidato puede colocar un cartel sin llamar al voto, meses antes del inicio del período legal, sin estar fuera de la normativa: "lo que hay que hacer es un cambio en las definición de lo que hoy se entiende por publicidad electoral. Lo que hoy se entiende en llamar al voto, hay que cambiarlo, porque si no dice 'vote por', se puede poner cualquier cosa. Lo que hay que hacer es una definición más general indicando que cualquier acción de publicidad que tenga intenciones hacia una eventual candidatura va a ser considerado propaganda".
Las dudas legales
Varias dudas se han esbozado respecto a los alcances constitucionales de algunas de las nuevas normas. Por ejemplo, que el fin del aporte de empresas atente contra la libertad de expresión. Zapata no cree en esa tesis, pues piensa que expandir tanto "la libertad para decir que tal empresa tiene derecho a apoyar al PS o la UDI es extremo", afirma que "ello es complejo de encuadrar en algo inconstitucional".
Así también, está el tema de promover una franja obligatoria para las radios. Fuentes cree que se podría llevar a cabo, pues el espectro radial es de uso público y en otros países se utiliza. Zapata plantea un margen de duda, pues la TV sí tiene una carga dado el sistema de concesión que hizo el Estado, lo que -a su jucio- para las radios no estaría tan claro.
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