Por A. Chávez Molina
La Ley sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral promulgada en 2003 -tras el escándalo MOP-Gate- “ha sido un progreso enorme. Antes no sabíamos nada respecto de las platas de la política”, dice el subdirector e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Lucas Sierra, quien si bien valora el avance que significó dicha normativa, reconoce que hoy el mecanismo es “perfectible”, pero no con medidas “prohibitivas” como las que plantean los diputados Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson.
Y es que a luz del alcance de la investigación que lleva la Fiscalía por eventuales aportes irregulares a algunas campañas políticas por parte del grupo Penta, surge la pregunta si el actual marco legal existente en Chile es suficiente.
Ante ello el mismo Sierra -quien en 2012 junto al actual subsecretario del Trabajo Francisco Díaz publicó un texto donde aborda el financiamieto de la política y campañas electorales con una serie de propuestas- admite que una cosa es la indagatoria de la Fiscalía, sobre la cual descarta pronunciarse y otra el tema del financiamiento de la política, relevando que “hoy existe un mecanismo absolutamente legal para hacer aportes” y que todos los casos donde han surgido cuestionamientos son porque se han financiado campañas como se hacía antes de las reformas del 2003 y por vías paralelas a las que establece la ley”.
Es más, agrega que con el actual mecanismo del aporte reservado “si funciona bien el candidato donado no tiene forma de saber quién, ni cuánto le donaron, porque es muy complejo. Si una empresa decide donar debe hacer dos cosas: Primero una transferencia de dinero a la cuenta del Servicio Electoral, y luego de un determinado plazo, destinar esa donación, que también puede retirar. El candidato o el pacto va a recibir esa plata dividida en cuotas distintas mediante un mecanismo completamente aleatorio durante todo el proceso y que se va a mezclar con otras donaciones. Entonces es un mecanismo muy inteligente porque por una parte incentiva que haya donaciones a la política”.
Sierra cree que las mejoras al sistema deben ir por la línea de incorporar a las personas naturales para que donen, con un incentivo por parte del Estado, así como aumentar la capacidad fiscalizadora del Servel, para que puede llevar un control durante las campañas y no tras ellas, pero “no con la prohibición” como plantean Mirosevic y Jackson porque “va a significar volver atrás”.
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