El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, participó ayer -junto a otros líderes empresariales- en una reunión con el ministro de Economía, José Ramón Valente, para abordar la aprobación en el Congreso del proyecto de ley pago a 30 días.
La iniciativa , que establece plazos de pago y la obligatoriedad de la emisión de la guía de despacho electrónica, entre otros puntos, es valorada por el dirigente, pero advierte espacios para eventuales abusos por parte de grandes empresas.
“El proyecto constituye un avance respecto de lo que hay hoy. Claramente. Es un avance que favorece a las pymes en el sistema de pago que tienen con sus clientes de mayor tamaño. Hoy hay una asimetría en esa relación y hay bastante prácticas abusivas en desmedro de las pymes”, destaca. Y acota: “Nosotros creemos que esta nueva norma constituye un avance por varias razones, primero porque fija un plazo, los primeros dos años un plazo máximo de pago -que hoy día no existe- de 60 días. Después del segundo año serán 30 días. Eso es un aspecto positivo”.
- Usted ha advertido que puede haber espacio para abusos...
- Quedaron algunas ventanas abiertas en el proyecto que podrían hacer un poco relativo el cumplimiento de los plazos, porque puede haber una cláusula excepcional que pueden acordar las partes de extender ese plazo de pago. A nosotros nos preocupa que eso haya quedado excesivamente abierto.
- Respecto a ese punto, ¿cree que se resguarda el espíritu del proyecto?
- El acuerdo entre las partes viene a hacerse cargo de las distintas realidades que hay en las pymes, porque haber impuesto un plazo podría haber sido contraproducente para lo que es la realidad de muchas pequeñas empresas, por ejemplo en el mundo de los servicios que no pueden cumplir con el plazo de los 30 días.
Pero existe un riesgo, una parte negativa, y es que esto se traduzca en nuevos abusos, como que la empresa simplemente le imponga a la pyme otros plazos. Nosotros queremos que quede bien consignado en el reglamento de la ley que la extensión del plazo sea siempre en una circunstancia excepcional, por motivos muy específicos.
- En esa línea, el gremio también propone la creación de un registro de malo pagadores...
- Nos parece que aparte del factor coercitivo de la Ley, como las multas, los intereses moratorios, entre otras cosas, podríamos agregar un registro o una nómina pública de malos pagadores, el cual lo podría construir la autoridad sobre la base de los antecedentes que se recaben del mismo registro de pymes y circunstancias excepcionales.
- ¿Esperaba que se prohibiera el uso del IVA?
- Nosotros, esto lo planteamos como gremio, como uno de los aspectos esenciales para lograr el fiel cumplimiento de la ley. Si el proveedor no puede descontar el IVA de la factura mientras no la haya pagado, es un elemento demasiado importante. El gobierno en su momento consultó al SII, y el servicio dijo que no tenía fáctibilidad técnica y que era muy difícil, y quedó en el proyecto este plazo de un año para ver qué responde el SII sobre esta materia. Esperamos que se le encuentre la factibilidad técnica a este mecanismo, y que se implemente.
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