Al militar y dramaturgo de la Antigua Grecia Esquilo, duro entre los duros, se le atribuye -sin mayores pruebas, digámoslo- la precisa frase de que “la verdad es la primera víctima en una guerra”. Parafraseando a mi amigo Esquilo, podemos decir que la lealtad es la primera víctima en una crisis política. Lo que se vive hoy en el Ministerio de Justicia es una verdadera catástrofe política.
Un asunto procedimental donde existía abundante experiencia de cómo enfrentarlo terminó generando, por malas lecturas del rol que se cumple, un desastre comunicacional que no parece tener arreglo. Se pueden gastar infinitas horas tratando de explicar que otros gobiernos hicieron cosas similares o detallar el rol de la Corte Suprema en todo este embrollo, pero la ciudadanía nunca tendrá oídos cuando se le ha rebajado la pena a un tipo que violó reiteradamente a su hija. Al lado de esa realidad, los tecnicismos, por válidos que sean, son insoportables.
Es difícil de entender por qué el gobierno ha decidido pagar el alto costo de sostener a Rabat una vez iniciado el caso. La buena fe en su actuar y los méritos acumulados en sus meses como ministro no parecen razón suficiente como para instalar un desastre como este en el corazón de La Moneda. Pero esa ha sido la decisión del Presidente.
Por lo mismo, ver al subsecretario Silva con bandera chilena en el escritorio, fotografía presidencial atrás y chapita en la solapa intentando salvarse solo de la crisis fue tan indignante como deprimente. Habla mal de su lealtad, habla mal de su criterio y habla mal de las comunicaciones del gobierno, donde algo como esto puede ocurrir en medio de una crisis desatada. Su salida con escarnio a las pocas horas puso, al menos por un rato, las cosas en su lugar, aunque el baldón no se borrará con tanta facilidad.
Pero no es la única deslealtad que hemos visto estos días. Todos esos parlamentarios oficialistas que han puesto en duda su voto ante una acusación constitucional a Rabat muestran un desprecio por la oportunidad de gobernar que no deja de sorprender. Es evidente para cualquier persona con un mínimo de nobleza que aquí estamos frente a un error político morrocotudo, garrafal, catedralicio, pero no frente a una infracción a la Constitución.
Uno entiende que la oposición obvie esto, pero que parte de los parlamentarios partidarios del gobierno hagan lo mismo para anotarse unos puntitos o cobrar alguna cuenta antigua es un pésimo síntoma para un gobierno que recién comienza. Jamás en la izquierda pasaría algo similar.
No se puede hablar de deslealtad en este caso sin una mención al inefable diputado Jaime Bassa. Por supuesto que no le debe ninguna al Presidente o a sus ministros, pero cuando suelto de cuerpo dice que estas decisiones gubernamentales están relacionadas con redes de pedofilia internacional se entra en terreno desconocido. Uno que es ingenuo piensa que detrás del actuar de los políticos, mejores o peores, trabajadores o flojos, serios o payasescos, subyace una cierta lealtad por la patria y su destino. Al encontrarse de frente con un diputado proveniente de la academia que es capaz de fabular tamaña imputación para llevar agua a su molino, hay algo que se rompe.
Ha sido un episodio bochornoso, donde ha campeado la hipocresía, la ineptitud, pero por sobre todo la falta de lealtad. Hasta el propio Esquilo se avergonzaría.
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