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Publicado: Lunes 27 de abril de 2020 a las 04:00 hrs.
S&P y Fitch Ratings son dos de las agencias encargadas de las calificaciones del Estado de Chile. Según la autoridad, los informes de las agencias constituyen un importante antecedente para la emisión de deuda pública y la alternativa de inversión internacional.
¿Cuánto paga el país por esos informes? A fines de febrero, el Ministerio de Hacienda aprobó los contratos.
En el caso de S&P, el acuerdo firmado está vigente desde el 1 de enero de 2020 y dura hasta el 31 de diciembre el próximo año; alcanza los US$ 280 mil. El contrato con Fitch Ratings también es por dos años, pero llega a los US$ 230 mil.
“La contratación del servicio de calificación crediticia del Estado de Chile por parte de firmas internacionales resulta fundamental para la ejecución eficiente de las tareas asignadas al Ministerio de Hacienda”, dicen los documentos en que se visaron los contratos. “Generalmente las clasificadoras de riesgo analizan los países al menos una vez al año”, se añade.
Desde que Chile está presente en los mercados internacionales de deuda, se explica, mantiene contratos con Fitch Ratings, Moodys y S&P.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.