Las comisiones económicas del Congreso de Colombia aprobaron un monto global de 634,9 billones de pesos colombianos (unos US$ 204 mil millones) para el Presupuesto General de la Nación de 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027, dando el primer paso para un aumento de 16% del gasto público respecto de este año.
La fuerte expansión presupuestaria ha inquietado a los inversionistas, que ya observaban con preocupación el crecimiento de la deuda pública y el deterioro de las cuentas fiscales del país.
La administración bautizó la iniciativa como el “presupuesto de la verdad” y sostiene que una parte importante del incremento obedece al reconocimiento de compromisos que no fueron incorporados por el gobierno anterior en áreas como salud, energía y pensiones.
Del total propuesto, 392,6 billones de pesos colimbianos se destinarían a gastos de funcionamiento, 154 billones al servicio de la deuda y 86,9 billones a inversión. Este último componente disminuiría en 2,6 billones frente a 2026 y representaría un 13,7% del gasto total, por debajo del 16,2% contemplado en el presupuesto vigente.
Más de la mitad de los recursos para inversión se concentraría en tres sectores: inclusión social y reconciliación, con 21,5 billones; transporte, con 16,8 billones; y trabajo, con 8,5 billones.
Presión sobre las cuentas fiscales
El tamaño del plan también implica fuertes necesidades de financiamiento. El Gobierno proyecta colocar 150 billones de pesos colombianos en deuda interna y conseguir el equivalente a $88 billones mediante créditos externos durante el próximo año.
Sin recortes, el déficit fiscal podría superar el 9% del PIB, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Gómez aseguró que el Ejecutivo pretende gastar significativamente menos que el monto autorizado y aplicar ajustes para reducir el desequilibrio sin recurrir a aumentos de impuestos.
Algunos parlamentarios que respaldaron la cifra global anticiparon que durante la discusión del articulado buscarán reducir los gastos de funcionamiento. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron el tamaño del presupuesto y la falta de claridad sobre sus fuentes de financiamiento.
La aprobación del monto constituye solo la primera etapa del trámite legislativo. Las comisiones económicas tienen hasta el 25 de septiembre para despachar el articulado, mientras que las plenarias del Senado y la Cámara deberán iniciar su discusión el 1 de octubre. El Congreso tendrá hasta el 20 de octubre para aprobar definitivamente el proyecto y enviarlo a sanción presidencial.