La Fundación Agrupación de Jugadores en Terapia (Ajuter) presentó una querella criminal contra los casinos online, la que ya fue admitida a tramitación por la justicia, por lo que se ofició al Ministerio Público para que investigue. En la acción se denunció a las empresas Betway, Betano, Betsson y Coolbet, entre otras, de autores del delito de explotación y operación ilegal de juegos de azar, previsto en los artículos 276 y 277 del Código Penal.
El escrito enviado al Juzgado de Garantía de Santiago, explicó que se "ha aumentado el porcentaje de población jugadora en riesgo, quienes en los últimos años pasaron de un 14,3% a un 18% en la medición correspondiente para el año 2022", y detalló que de esta totalidad, al menos un 16,1% corresponde a jugadores ludópatas vía internet.
“Ha aumentado el porcentaje de población jugadora en riesgo, quienes en los últimos años pasaron de un 14,3% a un 18%”, sostuvo la fundación Ajuter.
Ajuter indica que la regulación chilena cuenta con un alto estándar y que sólo autorizó 24 licencias de casinos en todo el país, con zonas geográficas de exclusión y una serie de requisitos y obligaciones muy rigurosas para poder proteger a la población de la ludopatía. Algunos de los requisitos son: establecer un capital social mínimo, desarrollar y mantener un proyecto integral de explotación, la justificación del origen de los fondos invertidos, el pago de impuestos al juego, y el deber de reportar operaciones sospechosas según lo regula la ley.
"Estas plataformas no sólo funcionan sin contar con permiso alguno, sino que además provienen de dudosos orígenes, pues en sus páginas web no identifican ningún tipo de información sobre quiénes son los operadores responsables, representantes legales, administradores, dueños o agentes vinculados con ellas, y sus casas matrices se encuentran en paraísos fiscales, o derechamente desconocidos. Así, por ejemplo, Betway, Betano, Betsson y Coolbet se vinculan con sociedades en Malta. Jackpotcity está registrada en la isla de Guernesey, y respecto a Mi Casino y Apostar en Línea no consta ningún tipo de antecedente", explicó la asociación.
La ANFP y los bancos
Para zanjar la situación, los denunciantes pidieron citar a declarar al publicista y representante de jugadores de fútbol, Fernando Felicevich, y al presidente de la ANFP, Pablo Milad, así como se pidió oficiar a los principales bancos del país.
En ambos casos, los querellantes buscan que el dueño de Vibra Marketing y el titular del fútbol entreguen antecedentes sobre los contratos de sponsor celebrados entre estos casinos online y los equipos chilenos auspiciados. Además, se requiere de cualquier otra información relativa a la identidad de los dueños, representantes y trabajadores de las plataformas para detectar el origen de los fondos.
En paralelo, Ajuter solicitó enviar un oficio a todas las entidades relacionadas con los acusados: Banco de Chile, Banco Santander, Banco Scotiabank, Banco Estado, Banco BCI, Banco Itaú, Banco Falabella, Banco Consorcio y Banco Bice. Además, de las empresas financieras Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Astropay, Webpay Plus, Webpay, RedCompra, Mach y Bitcoin.
¿El problema?, según la asociación es que las páginas web de los "casinos ilegales" tienen acceso a la ventana de “medios de pago”, y aparecen como opción todos los bancos y empresas de pago señaladas,: "evidentemente se debe dilucidar qué tipo de relación existe entre estas entidades y los querellados".
"Es urgente la regulación"
La lectura del representante de Betano, Betsson y Coolbet, Carlos Baeza, es que esta querella es similar a otras que se han presentado en el pasado: "es un análisis de legalidad (...) la conducta descrita en el Código Penal no incluye a las plataformas en línea", apuntó.
El abogado socio del estudio Baeza & Cía contó que en el pasado existió acciones legales del mismo tipo, pero que fueron archivadas por el Ministerio Público porque "estos hechos no son constitutivos de delito". Sin embargo, puso énfasis en que es necesario avanzar con la Ley presentada por el gobierno de Sebastián Piñera para regularizar la situación de los operadores online y despejar las dudas sobre "los riesgos" descritos por la Ajuter.
"No queremos estar apuntados con el dedo y seguir batallando con los argumentos imprecisos sobre la situación de legalidad de los casinos online. El Ministerio Público tendrá que analizar el fondo y solicitar al Congreso seguir avanzando en la regularización porque no es un tema que hoy les compete", apuntó Baeza.
El representante de los operadores contrató hace dos meses la asesoría de dos pesos pesados en el área penalista: Jorge Bofill, socio de estudio Bofill Escobar Silva; y Matías Balmaceda, socio de Balmaceda Cox y Pina, para defender la posición de los casinos online. "Las conclusiones a las que hemos llegado no son al azar y han pasado por el análisis de dos prestigiosos abogados que se dedican a la materia, lo que nos da confianza", agregó Baeza.
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