Rechazar con costas fue la decisión de la Corte de Apelaciones de Talca en respuesta al recurso de protección que interpuso la Corporación Bioecoterra en contra de la Municipalidad de Talca y la Dirección de Obras Municipales (DOM) por haber concedido a Dreams el permiso para construir su casino –“en etapa de recepciones finales y pronto a realizar su apertura”, dijo la empresa en un comunicado– en sectores que, presuntamente, “se superponen o colindan con el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco”.
En su recurso, la agrupación alegó que el permiso de edificación concedido a la firma operadora de casinos –que invertirá cerca de US$ 21 millones en este proyecto en particular– “es ilegal y arbitrario”, puesto que “permite la ejecución de un proyecto de alto impacto ambiental sin evaluación ambiental previa, vulnerando el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
En esta línea, la ONG solicitó que se deje sin efecto el permiso “hasta que el proyecto se someta a evaluación ambiental en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)” y que se declare “desde ya” la orden de no innovar y suspender la ejecución de sus obras mientras se resuelve el recurso.
Sin embargo, según informó la Municipalidad ante la Corte, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Maule concluyó que el proyecto “no requiere ingreso obligatorio al SEIA”, mientras que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) informó que el estudio hidráulico fue “debidamente revisado y aprobado”.
Finalmente, tras revisar los antecedentes, el tribunal confirmó que el proyecto en cuestión “cuya paralización pretende la recurrente, cuenta con una resolución del SEA Maule en la que se determinó que la iniciativa no cumple con ninguna de las tipologías de ingreso al SEIA, y no generará ninguna afectación sobre el Humedal, además de cumplir íntegramente con la normativa urbanística y ambiental”.
Por tanto, aseguró que "el permiso otorgado por la Ilustre Municipalidad de Talca, y del cual depende su ejecución, se enmarca dentro de las atribuciones de dicho organismo, y no reviste el carácter de ilegalidad que se reclama".
Además, mencionó que ya se han tramitado recursos administrativos y reclamos de ilegalidad con las mismas pretensiones, “todos los cuales han sido rechazados” y aseguró que el recurso de protección “no se vislumbra como la vía idónea para resolver el asunto”.