Tres ajustes “quirúrgicos” que se necesitan para acelerar el proceso de retiro de centrales a carbón, propuso ayer en su exposición ante la comisión de Minería y Energía del Senado, la Asociación de Transmisores de Chile. Según explicó, los cambios apuntan a poder desarrollar proyectos urgentes para robustecer el sistema de transmisión, disminuir sus tiempos de tramitación, e impulsar el almacenamiento eléctrico en todas sus formas.
Según explicó el director ejecutivo del gremio, Javier Tapia, existen muchos problemas asociados a la construcción y desarrollo de proyectos de transmisión. Estos se desarrollan en un período largo, a diferencia de las iniciativas de generación, de entre 5 y 12 años, donde el que toma la definición de las iniciativas es el Estado.
El dirigente señaló que se requiere hacer un nuevo plan de obras para expandir el sistema, que sea distinto al existente. Esto, porque hay proyectos que se necesitan hacer de manera urgente y rápida, pero no existen los procedimientos para ello. Por esto, se necesita un ajuste legal. “Proponemos establecer un procedimiento legal especial que permita rápidamente a los organismos reguladores definir qué obras son urgentes y que se permita su ejecución y remuneración adecuada”, puntualizó Tapia.
A esto sumó que es necesario disminuir los tiempos de tramitación que se relacionan con comunidades, medio ambiente, pero también con procedimientos administrativos. Para Tapia, la regulación actual no se adecúa al desarrollo de las redes, ya que los estudios de franjas son insuficientes, hay altas inflexibilidades para adecuarse a la realidad de la construcción, escasa coordinación de servicios y tiempos administrativos largos.
“Ahí hay algo legislativo que se puede hacer”, sostuvo.
Si se quiere un sistema de transmisión seguro, resiliente y rápido, aseguró que se necesita que la regulación se adecúe al desarrollo de redes, con cambios legales particulares.
Almacenamiento
También, el gremio propuso mejorar el marco regulatorio del almacenamiento, modificando la ley eléctrica, para introducir competencia y seguridad.
“Son puntos que se pueden solucionar con ajustes relativamente menores”, recalcó, enfatizando que necesitan apoyo del Estado.
Sobre el proyecto que busca la prohibición de instalación y funcionamiento de centrales a carbón al 2025, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor), Javier Bustos, indicó que están de acuerdo con esta limitación, pero que creen necesario revisar la fecha para el fin de estas operaciones.
Según explicó, de acuerdo a estudios solicitados a ENC Energy Consultants, si no alcanzaran a llegar las inversiones para reemplazar el carbón al 2025, los precios de la energía aumentarían significativamente (más del 90%).
Bustos añadió que “si alcanzaran a llegar inversiones para reemplazar el carbón al 2025, se analizaron distintos escenarios con instalación de centrales eólicas, solares y de GNL. En todos los escenarios, el precio de la energía aumentarían al menos un 40%”.
Además, sugirió la conformación de una mesa público-privada que identifique los cambios regulatorios y técnicos habilitantes para el proceso de descarbonización.
Finalmente, el académico Humberto Verdejo apuntó a que las restricciones que impuso la nueva norma técnica de GNL no ayudan a descarbonizar la matriz y que se debe encontrar una solución para los problemas de inercia y de estabilidad del sistema.
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