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REGÍSTRATE AQUÍEl Ministerio de Energía dijo que este tipo de generación no es una opción, porque no es competitiva.
Por: Tomás Vergara P.
Publicado: Martes 8 de mayo de 2018 a las 04:00 hrs.
Para el próximo 22 de mayo tiene planificado el gobierno dar a conocer la Ruta Energética, agenda que marcará los temas que trabajará el Ministerio de Energía en los próximos cuatro años.

Dentro del informe que se encuentra elaborando la cartera liderada por la ministra Susana Jiménez, se detallarán los pasos del Ejecutivo en el envío de los proyectos de ley, donde entre otras cosas, se encuentra la modernización de dos servicios: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN).
Y si bien aún se encuentran afinando las modificaciones, los cambios vienen de la mano de separar lo que es regulación en materia nuclear, de lo que es fiscalización, ambas tareas hoy en manos de la CChEN, pasando los temas de inspección a manos de la SEC.
“Pensamos en una modernización institucional y de atribuciones, porque hoy (la CChEN) concentra funciones regulatorias y fiscalizadoras que en una buena estructura institucional debería estar separado y por lo tanto va de la mano con una ley que modernice y de mayores atribuciones a la Superintendencia, sumado a otros cambios de reglamentación que están pendientes y que van a permitir modernizar a la CChEN”, explicó la ministra en la última sesión de la Comisión de Energía del Senado.
Según cuentan participantes de las mesas de trabajo, el fortalecimiento de la SEC será en términos de regulación nuclear y radiológica, que acá en Chile es lo más fuerte, y además, buscarán ponerse a la altura de las buenas prácticas internacionales que promueve la Agencia Internacional de Energía Atómica, respecto a la independencia del promotor y del que explota, de los que fiscalizan.
“En este caso y como en otros países estamos atrasados de las buenas prácticas, porque en materia de seguridad física y tecnológica, como en materias radiológicas, es bueno mantener la independencia, porque podría ocurrir que cuando quien promueve y explota es además el que fiscaliza, sus objetivos de explotación y promoción pueden ser superiores al de la seguridad”, explica un alto ejecutivo de gobierno.
En materia de matriz energética, la ministra Jiménez declaró que la posición del gobierno es de neutralidad tecnológica y que se encuentran abiertos a estudiar cualquier tipo de energía.
No obstante, consultada por posibles desarrollos en energía nuclear, apuntó a que “tal como se conoce a la fecha no es una opción, porque no es competitiva respecto a las energías que se están desarrollando. Para los próximos cuatros, no veo ninguna posibilidad de que eso sea parte de la agenda energética”, aseguró.
Para llegar a esta definición, la titular de Energía solicitó informes técnicos al respecto, en los que se pesquisó que esta alternativa es inviable desde el punto de vista económico, a pesar de la mayor estabilidad que presentaría en temas como la menor variabilidad en comparación a las plantas eólicas o fotovoltaicas.
Con todo, los desarrollos durante este gobierno se mantendrían en el marco que desarrolla actualmente la CChEN respecto a temas de investigación, radiología o estudios de inocuidad de los alimentos. A futuro, no se descartan avances en plantas de menor tamaño, o modulares, para lo que se requieren al menos unos 15-20 años entre que se toma la decisión, y su implementación, explican fuentes de la industria.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.