DOLAR
$970,24
UF
$41.268,88
S&P 500
7.681,43
FTSE 100
10.852,61
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
167.308,66
Dólar US
$970,24
Euro
$1.088,84
Real Bras.
$176,72
Peso Arg.
$0,63
Yuan
$145,40
Petr. Brent
100,17 US$/b
Petr. WTI
93,08 US$/b
Cobre
6,41 US$/lb
Oro
4.058,40 US$/oz
UF Hoy
$41.268,88
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍAlza se aplicó de forma retroactiva a fines de enero y reliquidación se hará en cinco cuotas para los clientes.
Por: Antonio Astudillo M.
Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2015 a las 04:00 hrs.
La regularización de los decretos pendientes en materia de tarificación eléctrica para clientes regulados siguen causando dolores de cabeza al gobierno.
A las alzas ya anunciadas se sumó recientemente otra que afectará al Sistema Interconectado Central (SIC), que va desde Taltal a Chiloé y abastece al 94% de la población del país.
Lo anterior producto de la entrada en vigencia del decreto correspondiente a mayo de 2014, que fue publicado en el Diario Oficial a fines de enero, que implicó un incremento adicional promedio de 10% para las cuentas de la luz en la Región Metropolitana, que es abastecida por las distribuidoras Chilectra y CGE Distribución.
En la Comisión Nacional de Energía (CNE) señalan que a raíz de este ajuste y en promedio los clientes del SIC vieron un alza de 8%, aunque fuentes de la industria dicen que el incremento se acercaría más al 10%.
Esta nueva correción se suma a la que el gobierno informó a mediados de febrero, luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ofició a las distribuidoras para aplicar doce decretos que estaban pendientes desde la administración Piñera, los que fueron tramitados en la Contraloría, por el gobierno actual, provocando fuertes alzas a casi todos los usuarios regulados de los principales sistemas eléctricos del país.
Empresas complicadas
Esta vez, el alza del dólar habría gatillado la subida, pues este es uno de los parámetros a los que están indexados las tarifas.
No sólo los hogares se han visto afectados por estos decretos, hoy las empresas también hacen frente a estos cobros millonarios, que en algunos casos han resultado en boletas eléctricas de $700 millones, lo que llevó a la Sofofa y la Asociación de Empresas Eléctricas a formar una mesa de trabajo para buscar una solución al tema.
Por el momento, se está trabajando caso a caso para determinar a los industriales más afectados y determinar formas de solventar estas obligaciones.
La aplicación de las reliquidaciones es un tema que está aún en proceso. El alza ya realizada se reflejará en un cargo extra en torno a los $ 2.000 mensuales en Santiago, producto del la aplicación del denominado decreto 9T, que se extenderá entre marzo y agosto.
En la industria señalan que la situación en el Norte Grande, donde operan distribuidoras ligadas a CGE, es aún más compleja.
La reliquidación de los decretos anteriores y el que entró en vigencia a fines de enero significará en ciudades como Iquique y Alto Hospicio un cargo extra a las cuentas en torno a $ 4.000 mensuales a pagar durante los próximos 16 meses, cuando se extingan los efectos de los mencionados decretos.
Para los próximos meses no se descartan nuevas alzas, pues están pendientes los decretos tarifarios de septiembre, octubre y noviembre de 2014.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.