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Publicado: Viernes 10 de julio de 2015 a las 04:00 hrs.
Ayer, la estatal Corfo oficializó su rechazo a la propuesta realizada por el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), para solucionar la disputa que mantiene con SQM por el contrato del Salar de Atacama.
En la audiencia de conciliación, Corfo comunicó al árbitro que no aceptaría la propuesta realizada, indicando que tras estudiarla, fue considerada “inconveniente”.
Corfo solicitó el término anticipado del contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras de su propiedad, ubicadas en el Salar de Atacama y el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas a contar del primer trimestre de 2009 hasta la fecha del inicio del juicio, “y de las rentas que se devenguen durante la tramitación del juicio arbitral”.
La estatal señaló que, al no llegar a acuerdo, la firma continuará con los caminos legales para reestablecer lo que considera sus derechos.
“Como consecuencia de lo anterior, habiendo terminado el periodo de conciliación, Corfo proseguirá con el juicio, conforme al procedimiento establecido para estos efectos”, dijo en un comunicado.
En otro plano, trascendió que Corfo envió antecedentes de perjuicio a inversionistas minoritarios a la Superintendencia de AFP, lo que estaría en revisión por la institución y se habría oficiado a la empresa, como es usual.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.