Un vuelco sufrió este viernes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en el marco de su ofensiva por buscar responsabilidades por el apagón del 25 de febrero del año pasado. En un documento de 25 páginas, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de reposición presentados por los consejeros del Coordinador Eléctrico por las multas por casi $ 21 millones para cada uno impuestas el 20 de febrero, las cuales fueron el resultado de la formulación de cargos del 4 de agosto de 2025.
Luego de que el 4 de marzo los consejeros del organismo que supervisa la operación del sistema presentaran sus respectivos recursos a la justicia, los cuales el 7 de octubre quedaron en "acuerdo", el viernes se dio a conocer la sentencia que deja sin efectos las sanciones.
De acuerdo al escrito de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, debe tenerse en consideración la naturaleza del reclamo, el cual trata de un recurso de derecho estricto, en cuanto esta Corte -dice- "no tiene competencia para analizar el mérito de los argumentos que entrega la administración y que constituyen los razonamientos y fundamentos de la decisión sancionatoria".
"El acto recurrido contiene los argumentos de hecho y cada una de las normas legales, reglamentarias y estatutarias en que se apoya y ha sido dictado en uso de las facultades y competencias legales, por todo lo cual no ha existido ilegalidad que amerite que el reclamo sea acogido", se plantea.
En medio de la argumentación, se señala que, utilizando las herramientas que ordinariamente se emplean para valorar el nexo causal entre el hecho dañoso y el daño, "la teoría de la equivalencia de las condiciones, la de la causa eficiente y la de la causa adecuada no resulta posible vislumbrar alguna acción u omisión concreta y determinada de los consejeros del Coordinador Eléctrico, que pudieran ser reputados como causa del resultado".
Lo anterior, explica, "pues éstos se limitan a fiscalizar al Coordinador Eléctrico Nacional, que a su vez, era el llamado a fiscalizar a la empresa causante de la interrupción del servicio y a reaccionar adecuada y eficientemente para contener la extensión del corte y restituir a la brevedad posible el servicio".
"Que, a mayor redundar, tampoco puede silenciarse la irregularidad que es posible advertir de la circunstancia de que los cargos fueron realizados de un cuerpo colectivo -consejo directivo del Coordinador Eléctrico nacional- (entidad que tenía la potestad reglamentaria de fiscalizar y dar instrucciones), versus las multas efectivamente impuestas, a las personas naturales que servían los cargos de consejeros de este consejo", se añade.
Además, debe considerarse, se dice, que, si bien existían algunos informes de algunos de los regulados respecto de las capacidades del sistema en casos de contingencia eléctrica, "debe de considerarse que ninguno de estos informes advirtió de un blackout y una falla del sistema de las dimensiones de la que se produjo, que tampoco se encontraba previsto en la norma vigente que había sido validada por la autoridad técnica definida en nuestra normativa, la que entonces, parece haber sido considerado por la institucionalidad vigente a la época, como una contingencia extrema, que excedía los márgenes de lo previsible".
Por esta razón, sostiene: "No resulta razonable reprocharle al consejero sancionado, no adoptar medidas ante un riesgo no advertido, que excedía los márgenes de lo que verosímilmente ser considerado como previsible".
Los consejeros involucrados en estos recursos son Humberto Espejo, Carlos Finat, Bernardita Espinoza, Juan Carlos Olmedo y Jaime Peralta. El primero, hoy presidente del Consejo Directivo del organismo, y los dos últimos ya fuera de la institución por haber concluido sus respectivos períodos.