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REGÍSTRATE AQUÍPor: K. Flores y C. Briceño.
Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.
En medio de conflictos bélicos y un creciente clima de polarización, América Latina comenzó a experimentar cambios en su mapa político. Aunque al comienzo de este siglo la región estuvo marcada por una ola de victorias de gobiernos de izquierda y progresistas -conocida como la “marea rosa”-, hoy el panorama es radicalmente distinto.
Entre 2025 y 2026, los ciudadanos de cuatro países acudieron a las urnas para elegir líderes de derecha: Daniel Novoa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile y Laura Fernández en Costa Rica.
Se trata de un nuevo giro pendular que se repite en la política latinoamericana. En esta ocasión, el viraje ha estado impulsado por preocupaciones ligadas al deterioro de la seguridad por el avance del crimen organizado, importantes flujos migratorios y un desempeño económico débil. En ese contexto, la derecha también gobierna en Argentina con Javier Milei y en Paraguay con Santiago Peña.
Sin embargo, la izquierda se impone en los dos mayores países de la región: Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México. A ellos se suman Yamandú Orsi de Uruguay y Gustavo Petro en Colombia, país que no cambiaría de signo político en sus elecciones presidenciales de mayo, donde las encuestas le dan ventaja al oficialista Iván Cepeda.
Punto aparte, merecen las presidencias interinas en Perú y Venezuela. Mientras en el país andino recién asumió el izquierdista José María Balcázar, quien permanecerá solo cuatro meses en el poder, en Caracas gobierna la chavista Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.


La dirigente de la asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile sostuvo que se debe rediseñar el fondo para medicamentos de alto costo para adaptarlo a las realidades del sector salud.
Un análisis del Estudio La Firma, integrada por exasesores del Ministerio del Trabajo, estimó que las modificaciones al diseño original de la iniciativa podrían reducir en cerca de 26% su potencial de creación de empleo femenino.