Referencias no faltan: el banco de datos en Svalbard (Noruega) o la “embajada de datos” donde Estonia salvaguardó los suyos en Luxemburgo. Como anhelo, suena bien en el papel. Todavía tiene que salvar una yincana administrativa, legal, burocrática, amén de algunos plazos y -era que no- el jaleo político propio de una zona en que todos se conocen; a estas alturas del próximo año las primarias municipales y de gobernadores estarán a un par de cuadras.
Promotor de esta idea es el alcalde Claudio Radonich (RN). La está tratando con el Ministerio de Hacienda, otros estamentos del Ejecutivo y con parlamentarios, empeñado en que la conversación se abra. Un barrido preliminar arroja que también le hace sentido a otros próceres locales como el gobernador Jorge Flies y el diputado Carlos Bianchi. El debate en ciernes ha de pasar al menos por tres nudos.
Uno, habilitar a la Zona Franca para que pase de solamente comerciar bienes a también servicios, especialmente tecnológicos. Eso requiere cambios regulatorios o reglamentarios más o menos rápidos antes de que se elaboren las bases para licitar el próximo período de la concesión. Dos, asegurar un piso de generación energética y facilidades tributarias para tentar a inversionistas en el rubro. Tres, que se concrete el viejo asunto del cable submarino de datos a la Antártica.
“La soberanía no es solamente tener defensa, declaraciones, sino que la tecnología. Es pegarnos un salto cualitativo”, acota Radonich.
El round que viene por la Zona Franca
El hilo Zona Franca está corriendo y tiene el tiempo algo encima. Como el contrato de concesión vigente caduca en 2030 y el Gobierno Regional afirma que en 2028 se necesita adjudicar al ganador de la próxima licitación, la discusión sobre las bases (que deberían estar definidas el primer o segundo semestre 2027, dice Flies) se está apurando en espacios como una mesa técnica local. Ya se discute si el modelo comercial está “agotado”. Es lo que dice “Evaluación de la viabilidad de una Zona Franca de Servicios (ZFS) en Magallanes”, un estudio parte del trabajo entre el Gore y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).
El texto afirma que la “mera prórroga del esquema actual consolidaría sus limitaciones y no permitiría capturar las oportunidades de la economía digital y del conocimiento”, pero abrirse a servicios está “condicionada a una reforma legal”, ya que excede el alcance del DFL N°2/2001 (que norma la ley de Zonas Francas) y que “no puede derivarse del marco vigente por vía interpretativa: requiere una reforma de iniciativa exclusiva del Ejecutivo”.
Será la primera licitación en casi 20 años. La concesión de la ZF está desde agosto de 2007 en manos de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. (SRI), vinculada al Grupo Fischer (Claudio Fischer, controlador de Dreams). En la región recuerdan muy bien que entonces Fischer se la ganó a Parenazon Chile Ltda, grupo de empresarios locales que llevaba 30 años desde 1977; ahora le toca a él competir con “retadores”.
Por contrato, anualmente debe pagar al GORE el 28% de sus ingresos brutos, que se van al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Magallanes. El “cheque Zona Franca” como le llaman allá, superó los $4.500 millones el año pasado.
Ojo: otro cable submarino
Lo del cable submarino de fibra óptica a la Antártica es otra teleserie, y eso que aún no tenemos cómo saber si será chino o qué. Si fuera por el papel, también tendría todo a su favor: la Subsecretaría de Telecomunicaciones respalda el proyecto, hace poco se conoció un informe de factibilidad también auspicioso, y se supone -se supone- que el Estado no debiese correr con los gastos.
Dicho estudio describe un trazado base -hasta las bases Prat, Frei y O’Higgins- que tendría un costo de US$ 370 millones. Subiría a US$ 621 millones si se extiende hasta bases de EEUU, UK, Brasil y Argentina. Y anticipa que, de avanzar, Chile debería evitar que el proyecto “se interprete como una medida de refuerzo de la soberanía o de exclusión geopolítica”. Como el Tratado Antártico (1959) en los hechos congeló las reclamaciones pendientes de soberanía en dicho continente, acá hay que irse con cuidado.
De avanzar esto, asomará la cuestión de consultar o sondear o a los firmantes del Tratado o a los reclamantes, y en ambos casos está… Argentina.
En agosto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, dijo que en noviembre irá al Consejo de Política Antártica -dependiente de la Cancillería- a ver esto. Consultado su equipo y Minrel: aún no hay fecha fijada. Como sea, en Exteriores remarcan que son una de las entidades que deberán revisar las recomendaciones del informe.
Además del nudo político, en Subtel precisan que habrá que abrir diálogo con países interesados, universidades y organismos científicos; definir una entidad responsable, continuar estudios y el resto de la tramitación hasta la instalación. En lo de los costos, sinceran que aún no se ha decidido cómo financiar; el estudio plantea un mix entre aportes de países participantes, derechos de uso de fibra de largo plazo, financiamiento de bancos de desarrollo y participación de entidades públicas o privadas. ¿Expectativas realistas? 2034, contestan.
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