Uno de los principales desafíos que tendrá el Servicio de Impuestos Internos (SII) en los próximos meses será la implementación de los cambios metodológicos del proceso de reavalúo de propiedades no agrícolas, programado para implementarse el 1 de enero de 2027 y cuyas primeras cartas con los resultados llegarán a los hogares en abril de ese año.
¿La importancia de esto? Que a partir de este proceso se calculan las cuotas trimestrales de contribuciones de bienes raíces, un impuesto que ha estado en el centro de la polémica por lo opaco de su metodología de cálculo y por su desanclaje de la situación financiera de los propietarios, que puede llevar a personas a no poder pagar el tributo por el aumento del valor fiscal por sobre sus sueldos.
Con miras a aquello, el SII continúa tomando distintas medidas y la semana pasada adoptó una con implicancias institucionales.
Se trata de la resolución N° 106, firmada por el director del servicio, Jorge Trujillo, para reorganizar la estratégica Subdirección de Avaluaciones de la entidad, que es la encargada de mantener actualizado el catastro de propiedades y aplicar el reavalúo tanto habitacional como agrícola. Desde octubre de 2025, el subdirector del área es el arquitecto e histórico funcionario del SII, Pablo Muñoz.
En el documento, Trujillo reordena el área con cambios de fondo para allanar la aplicación de los cambios metodológicos que trabaja el organismo en el reavalúo, pero además también para modernizarla.
“El sistema de avalúos, la actualización del catastro de bienes raíces, la administración del impuesto territorial y las demás materias de competencia de Avaluaciones han experimentado un incremento sostenido en su complejidad técnica, normativa, operativa y tecnológica”, dijo el director del SII, Jorge Trujillo, en la resolución.
Una mayor agilidad
En la resolución, Trujillo entrega dos razones para las modificaciones.
En primera instancia, alude a que el sistema de avalúos, la actualización del catastro de bienes raíces, la administración del impuesto territorial y las demás materias de competencia de Avaluaciones han experimentado un “incremento sostenido en su complejidad técnica, normativa, operativa y tecnológica, lo que exige fortalecer su estructura de coordinación, gestión, control y respuesta institucional”.
Asimismo, agrega que para la adecuada administración del citado gravamen, del catastro de bienes raíces y de las demás materias de competencia, se requiere “potenciar” las gestiones operativas, normativas, tecnológicas, de actualización y valoración catastral, de análisis territorial, de gestión, de innovación y de relación institucional.
Nueva estructura
La resolución modifica la estructura de la subdirección, pasando de cuatro a tres oficinas: la de Sistemas y Proyectos de Avaluaciones; la de Control de Gestión y Facilitación; y aquella de Procedimientos, Normativa y Relación de Avaluaciones.
También se ajustan los dos departamentos que hoy existen, pasando de las antiguas denominaciones de “Tasaciones” y de “Fiscalización del Catastro”, a las nuevas de “Valoración Catastral” y de “Fiscalización y Analítica Territorial”.
Esto último no es solo un cambio de nombres, sino también de funciones.
Por ejemplo, el antiguo Departamento de Tasaciones estaba centrado en metodologías de tasación, reavalúos, tasaciones comerciales y vehículos. En cambio, la naciente unidad de Valoración Catastral tiene un mandato más amplio, ya que debe diseñar, implementar y evaluar modelos técnicos de valoración de bienes raíces, bienes muebles y otros bienes, con énfasis en “consistencia, trazabilidad, transparencia y reproducibilidad”.
Por otra parte, el extinto Departamento de Fiscalización del Catastro tenía como eje actualizar el catastro, elaborar hipótesis de fiscalización y realizar acciones selectivas y masivas. Ahora, el Departamento de Fiscalización y Analítica Territorial tendrá funciones más amplias, como desarrollar modelos de riesgo; analítica territorial avanzada; automatización; interpretación de imágenes satelitales y aéreas; cartografía digital; interoperabilidad de información geoespacial; observación remota; criterios de impacto, equidad territorial y eficiencia de recursos.
Otro cambio relevante se aplica en la creación de la nueva Oficina de Procedimientos, Normativa y Relación de Avaluaciones, la cual tendrá a su cargo elaborar circulares, resoluciones, manuales y protocolos; unificar criterios técnicos y jurídicos; estandarizar la interpretación normativa; levantar y documentar procesos; simplificar trámites; incorporar definiciones legales y metodológicas en procesos tecnológicos; detectar anticipadamente riesgos y brechas normativas; y gestionar convenios de intercambio de información con organismos externos.