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REGÍSTRATE AQUÍPor: D. Vizcarra
Publicado: Martes 19 de noviembre de 2019 a las 18:53 hrs.
Proyecto de reforma al sistema costará al Estado al menos siete veces más de lo calculado
Gremio propone solución con costo cero para el fisco, aumentando la competencia y cobertura.
El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Mauricio Astudillo, acusó este martes que el costo financiero de la reforma al sistema notarial presentado por el Ministerio de Justicia "está claramente errado".
"El valor de implementación real será siete veces mayor al cálculo dado a conocer por el gobierno", dijo el líder gremial en su exposición en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Astudillo indicó que el Ejecutivo estimó esta cifra en $ 2.100 millones, mientras que el gremio presentó estudios que fijan el monto inicial de inversión para ejecutar la reforma planteada por el gobierno en $ 16 mil millones.
En esa misma instancia, Astudillo sostuvo que el costo en régimen anual del Proyecto de Ley será cinco veces mayor a lo informado por la cartera de Justicia. Según explicó el dirigente, "el valor en régimen alcanzará los $ 6.300 millones y no $ 1.300 millones anuales como ha sostenido el Ejecutivo".
"Nuestra Asociación tiene la convicción de que se puede hacer una reforma con la profundidad requerida y con costo CERO para el Estado. Como lo hemos planteado al Gobierno, la solución pasa por crear nuevas notarías que aumenten la cobertura y la competencia del sistema, la eliminación de una decena de trámites innecesarios para las personas y que actualmente exigen instituciones fiscales, y la implementación intensiva de tecnologías de la información", agregó.
Para ejemplificar la subvaloración de gastos del proyecto, desde el gremio de notarios indican que "basta tomar el artículo primero Número 4 literal a) y número 5 del proyecto de ley, que encarga la fiscalización del sistema a los Fiscales Judiciales. Lo anterior se traduce en que a los 510 cargos de ministros de fe existentes, se sumarán nueve conservadores, hasta 3.464 fedatarios privados, más de 346 fedatarios secretarios municipales y un número indeterminado de Oficiales del Registro Civil, llegando a lo menos a 4.329 cargos sujetos a fiscalización".
"Un informe que nuestra Asociación encargó a la consultora CEOP, integrada por destacados académicos de la Pontificia Universidad Católica, revela que el costo de implementar una mayor capacidad de fiscalización en el sistema podría exceder los 2.790 millones de pesos anuales, agregan.
Por otra parte, señalan que, de acuerdo a lo establecido en los artículos décimo y décimo primero del proyecto, será necesario desarrollar, implementar y operar tres plataformas informáticas nuevas que estarán a cargo del Registro Civil: mientras el informe financiero estima un gasto de implementación de 797 millones de pesos, el informe del consultor experto lo calcula en 12.700 millones de pesos. Por otra parte, el gasto anual en régimen según el Gobierno sería de 79 millones de pesos, en circunstancias que su costo real ascendería a $3.300 millones de pesos.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.