La Superintendencia de Pensiones impuso su segunda sanción a una AFP desde que Joaquín Cortez asumió la conducción del organismo. En agosto, el regulador castigó con censura a Habitat por promover productos e información de Prudential AGF y este lunes multó con UF 5.250 -unos $ 217 millones- a ProVida por una serie de incumplimientos ocurridos durante la migración de su sistema tecnológico en agosto de 2025.
La resolución concluyó que las fallas afectaron procesos esenciales de la administradora ligada a la aseguradora estadounidense MetLife, entre ellos el pago de pensiones y cuotas mortuorias, el traspaso de primas de rentas vitalicias, la continuidad de sus canales de atención y la entrega de información al supervisor.
La sanción todavía puede ser impugnada por la gestora. ProVida podrá presentar un recurso de reposición ante la misma Superintendencia dentro de cinco días hábiles o reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago en los 15 días siguientes a la notificación.
Los cargos
De acuerdo con la resolución publicada por la Superintendencia, a AFP ProVida se le formularon seis cargos. El primero fue no haber pagado las pensiones de manera íntegra y dentro de los plazos, mediante abonos tardíos o inferiores a los correspondientes. El organismo acusó a la administradora de incurrir en esta conducta “en forma reiterada” y, al determinar la sanción, valoró este incumplimiento en UF 3.500.
El segundo cargo correspondió al pago fuera de plazo de cuotas mortuorias de agosto de 2025, por el cual se estableció una multa de UF 1.500.
El tercero apuntó al traspaso incorrecto o tardío a las compañías de seguros de los fondos destinados a financiar las primas de rentas vitalicias. La autoridad indicó que ProVida “no efectuó, en forma correcta y dentro de los plazos” estas transferencias. Este incumplimiento fue sancionado con UF 700.
El cuarto cargo se relacionó con la falta de continuidad y disponibilidad de los sistemas y canales de atención. La resolución mencionó la caída total de AFP.NET entre el 7 y el 8 de agosto de 2025 y la indisponibilidad del centro de contacto el día 20 de ese mes.
Según el regulador, estas situaciones impidieron realizar llamadas, requerimientos y trámites, y fueron agravadas por “la falta de información clara y oportuna” acerca de la naturaleza y el origen de las fallas.
Los últimos dos cargos estuvieron relacionados con la información regulatoria. El quinto abordó el envío tardío, incompleto o contrario a las especificaciones técnicas de los informes estadísticos mensuales sobre afiliados, cotizantes y pensionados de agosto de 2025. El sexto apuntó a problemas similares en la transmisión de la base de datos de afiliados, cotizantes, beneficiarios, pensionados y fallecidos correspondiente al mismo período. La Superintendencia fijó multas de UF 600 para cada uno de estos dos cargos y para el incumplimiento vinculado a la continuidad de los sistemas.
Los descargos de ProVida
En su defensa, ProVida sostuvo que los problemas se originaron durante la migración de su sistema operativo histórico hacia AFP.NET, plataforma operada por Sonda. La administradora describió el proceso como técnicamente complejo y aseguró que respondió a la “necesidad imperiosa de modernizar sus plataformas tecnológicas” para enfrentar los desafíos del mercado y de la reforma previsional.
La AFP señaló que el cambio involucró aproximadamente 230 tablas de datos, más de 700 consultas y cuadraturas, y 29 mesas técnicas que trabajaron durante 24 meses.
De acuerdo con sus descargos, el proceso presentó “inconvenientes operativos transitorios” y, ante ellos, desplegó “todos sus esfuerzos y medios” para resolverlos a la brevedad. También afirmó que en migraciones de ese volumen es habitual que aparezcan “pequeñas inconsistencias iniciales”, que generalmente son corregidas poco después de que comienza a funcionar el nuevo sistema.
ProVida también expuso las acciones adoptadas para solucionar los problemas, compensar a los afectados y colaborar con la investigación. Sin embargo, la Superintendencia concluyó que estas medidas no permitieron considerar íntegramente reparados los incumplimientos y sus consecuencias.
Entre otros antecedentes, el organismo indicó que las compensaciones por el retraso en el pago de pensiones de agosto de 2025 fueron realizadas el 19 de febrero de 2026. También detectó deficiencias en las compensaciones vinculadas al traspaso tardío de primas de rentas vitalicias.
Con todo, la autoridad calculó inicialmente una sanción de UF 7.500 (unos $ 310 millones), pero aplicó una rebaja de 30% considerando las medidas correctivas y compensatorias adoptadas, además de la colaboración de la administradora. De ese modo, la multa definitiva quedó en UF 5.250.
La resolución también ordenó que un extracto de la sanción sea leído en la próxima sesión del directorio de ProVida.
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Daniel Vizcarra
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