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REGÍSTRATE AQUÍTambién se fijó la fecha en que el recurso se analizará en el pleno del tribunal.
Por: Constanza Ramos Taky
Publicado: Lunes 23 de noviembre de 2020 a las 11:05 hrs.
El gobierno finalmente ayer decidió ocupar su última carta para frenar el proyecto de la oposición que busca un segundo retiro de los ahorros previsionales, presentando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC).
Y esta mañana el TC designó al abogado Sebastián López Magnasco como relator de la causa. López es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y en enero cumple dos años en este cargo, siendo el relator más antiguo del tribunal
El relator se encarga de dar a conocer el contenido de los expedientes judiciales a los jueces que forman parte del TC.
Para mañana se espera poner en tabla en la sesión del pleno del Tribunal Constitucional la presentación del gobierno sobre su requerimiento.
López trabaja desde el 2007 en el TC. Anteriormente, trabajó en el área corporativa del estudio Barros y Errázuriz. Entre 2003 y 2004 se desempeñó como abogado del área judicial del estudio Montes y Meneses.
Desde que se dé cuenta en el Pleno del TC del ingreso del requerimiento del Gobierno, comienzan a correr los cinco días de plazo para que el organismo se pronuncie acerca de su admisibilidad y tras ser declarado admisible, comienzan a regir los 10 días, prorrogables por otros 10, para que el tribunal resuelva.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.