Uno de los desafíos que enfrentará el sistema de pensiones chileno es la mayor población en edad de jubilar. Así lo reflejaron las últimas cifras de la Asociación de AFP (AAFP), que proyectaron que en los próximos años la cantidad de personas en edad de pensión tendrá una importante alza.
En nuestro país, la edad legal de jubilación es de 60 años en el caso de las mujeres y 65 para los hombres.
Según el gremio, si en la actualidad son unas 220 mil personas las que llegan a esa edad por año, la cifra subirá en torno a 250 mil durante la próxima década y a 350 mil personas hacia 2050.
Así, el número de afiliados activos (no pensionados y no fallecidos) que alcanzará o cumplirá el umbral para jubilarse en los siguientes cinco años totaliza 1.354.355 personas, distribuidos en 560.816 hombres y 793.539 mujeres. El dato representa a un 11,1% del total de afiliados del sistema a marzo de 2026.
La AAFP también proyectó la cantidad de afiliados en las administradoras en edad de jubilación para la próxima década: totalizará 2.787.721 personas, lo que equivale un 22,9% del total de afiliados, con 1.252.238 hombres y 1.535.483 mujeres.
Es decir, más de un quinto de los actuales afiliados tendrá la edad legal de pensión en la próxima década.
Desafíos
De acuerdo con el gremio de las administradoras previsionales, el escenario plantea problemas para abordar.
“La demografía de nuestro país muestra desafíos importantes que deben ser abordados por políticas públicas centradas en el ahorro y la capitalización individual, debido a la baja tasa de natalidad de nuestro país”, indicó la AAFP.
Por su parte, el exsuperintendente de Pensiones Osvaldo Macías apuntó que la mayor cantidad de personas en edad de jubilarse se reflejará, sobre todo, en un alza en el número de jubilados a través de rentas vitalicias.
En ese sentido, indicó que es necesario actualizar la regulación de la industria aseguradora, por lo que enfatizó en reactivar la tramitación del proyecto de ley de supervisión basada en riesgo para las compañías de seguros.
“La regulación de las compañías de seguros de vida en materia de solvencia y gestión de riesgos es anticuada y no responde a los estándares actuales a nivel mundial. Al respecto, se requiere avanzar en forma urgente en modernizar esa regulación activando la tramitación del proyecto de ley de supervisión y capital basado en riesgo, que lleva 15 años en el Congreso”, apuntó.
En esa línea, el también asociado de Next Consultores añadió que “una proporción importante de las rentas vitalicias cuentan con garantía del Estado en caso de quiebra de las aseguradoras, con un pasivo que supera los US$ 50.000 millones, que aumenta en forma sostenida con el aumento del número de pensionados, lo cual refuerza la necesidad de modernizar la regulación y supervisión de las aseguradoras de vida”.
Eso sí, también señaló que el mercado de capitales local se puede ver beneficiado, "principalmente para emisores de renta fija de obtener financiamiento de los fondos de pensiones y aseguradoras”.
En todo caso, planteó que ello implicará que los emisores de valores deberían generar instrumentos de inversión que sean atractivos para este tipo de inversionistas.
“De lo contrario los nuevos recursos se irán al extranjero, donde existe un límite de 80% fijado por el Banco Central”, concluyó.