En una maratónica sesión, donde solo la mitad de los expositores que estaban inscritos lograron hacer ver sus puntos a los senadores, representantes de los entes coordinadores de las empresas eléctricas, los CDECs del SIC y SING, ambientalistas y expertos expusieron sus reparos al proyecto de ley del gobierno.
El abogado y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, centró sus críticas en los efectos que tendrá en la institucionalidad del organismo encargado de resolver los conflictos en el sector eléctrico, señalando que las potestades que se le daba a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dejaban la puerta abierta para que estos organismo en el futuro no acataran los fallos del Panel, que es el que dirime las diferencias en esta industria.
Sostuvo que dados los cambios que introducía en el funcionamiento de Panel de Expertos, la iniciativa debía contar con un informe de la Corte Suprema, pues era el máximo tribunal el que tenía la potestad para controlar las acciones del organismo, cuestión que no había sido considerada.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que si bien el proyecto avanzaba en algunos ámbitos relativos a la planificación de largo plazo de la transmisión, establecía mecanismos de evaluación para los proyectos donde el Estado tenía un rol relevante en el inicio, pero que luego se restaba de participar del negocio, favoreciendo a las empresas privadas.
Señaló que el establecimiento de los denominados “polos de desarrollo” de proyectos de generación y transmisión finalmente se transformaría en “zonas de sacrificio” y que también se instauraría un subsidio “encubierto” para que los principales tenedores de derechos de agua, entre ellos Endesa, Colbún y AES Gener, desarrollen proyectos hidroeléctricos.
El presidente del CDEC-SIC, Sergi Jordana, mostró su preocupación por la forma en que se designará en Comité de Nominaciones, que será el que a futuro designe los integrantes del coordinador eléctrico nacional, organismo que reemplazará a los actuales CDEC, y solicitó que estas nominaciones las realice exclusivamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El gobierno tiene preparadas al menos 20 indicaciones al proyecto en las cuales pretende solucionar las diferencias con los principales actores, las que serían ingresadas al Senado durante abril.
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