La disputa por el proyecto Parque Pumpin entre la Municipalidad de Valparaíso y la Inmobiliaria del Puerto, ligada al empresario Nicolás Ibáñez, podría llegar pronto a su fin.
Ambas partes se reunieron por segunda vez en una audiencia de conciliación en la Tercera Sala de la Corte Suprema, que busca que logren un acuerdo en la construcción del proyecto inmobiliario, que se ubicará en los terrenos del exestadio de Chile Tabacos y ex Jardín Suizo.
En la primera sesión, que tuvo lugar el 27 de mayo pasado, el presidente de la sala, Sergio Muñoz, realizó cinco recomendaciones a la empresa como bases para el acuerdo. En la cita de ayer, la empresa informó que las acogió en general.
Uno de los puntos que había planteado el ministro fue que el proyecto tuviera “la menor cantidad de torres que sea posible”.
El abogado de la Inmobiliaria del Puerto, Edgardo Palacios, señaló que decidieron hacer menos edificios, pasando de tener 23 a 15. También en el acta de conciliación se señalaba que las torres fueran de “altura moderada”, a lo que la empresa definió que ninguna va a superar los 12 pisos. Inicialmente, se consideraban edificios de hasta 14 pisos.
Otra solicitud planteada fue que los estacionamientos se ubicaran en los subterráneos, punto que también acogió la inmobiliaria.
Además, se recomendó que la empresa reconstruya la Casona Pumpin, que fue demolida en 2015. A esto, Palacios señaló que están evaluando su reconstrucción, pero que es posible que no se ubique en su lugar original.
Junto con eso, la firma dijo que están disponibles para ceder a la municipalidad la Boletería del exestadio Chile Tabacos, que se adaptó para funcionar como centro comunitario.
“Usaríamos solo el 25% del terreno, el resto (75%) quedaría entre parque, jardines, accesos y además estamos disponibles para entregar las plazas y lo que sea necesario a la comunidad”, sostuvo.
Originalmente, el proyecto consideraba una inversión de US$ 80 millones, monto que podría cambiar con las modificaciones presentadas.
Próxima audiencia
Palacios detalló que la próxima audiencia de conciliación quedó fijada para el 5 de agosto. Esperan que en la instancia las posiciones de ambas partes se acerquen y así consolidar un acuerdo.
El abogado espera que esa fecha sea clave y que, aunque no necesariamente se cierre el acuerdo, éste quede lo más afinado posible.
Su balance de la sesión de ayer es positivo, ya que considera que “todos se manifestaron completamente dispuestos para encontrar una solución razonable y equitativa al conflicto”.
Asegura que desde la empresa tienen la disposición para acordar pronto y que, posterior a lograrlo, “lo único que le pedimos es certeza jurídica a la municipalidad”.
Esta disputa se ha extendido durante varios años. En 2013, la empresa adquirió los terrenos y obtuvo el permiso de edificación dos años después. En 2017 este fue revocado por la administración de Jorge Sharp, que acogió un reclamo de ilegalidad presentado por los vecinos. Desde ese momento, las obras del proyecto se encuentran paralizadas.
Palacios comentó que “este conflicto fue extremadamente duro durante todos estos años y no tuvimos oportunidad de conversar o buscar una solución con ellos”.
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