La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas Gas Sur, Sanatorio Alemán y Constructora ISD, por su eventual responsabilidad en la fuga de gas que dio origen a la explosión de la clínica el pasado 21 de abril, y que causó la muerte de tres personas, dejando además 40 heridos de diversa consideración.
El organismo fiscalizador tomó esta decisión luego de terminar la primera parte de su investigación, la que se inició el mismo día de la explosión, con la recolección, en terreno, de los primeros antecedentes, puesto que la causa de la explosión fue la acumulación de gas, materia que regula y fiscaliza dicha Institución.
La indagación de la SEC permitió comprobar que la fuga fue originada por una perforación a la red de gas natural, ubicada al interior de la clínica, por parte de los dos trabajadores que finalmente fallecieron, quienes se encontraban realizando labores no relacionadas con gas, al interior del recinto, sino con la infraestructura del Sanatorio.
La conclusión de la SEC es que existen diversas responsabilidades de todos los entes involucrados. En el caso de Gas Sur, los cargos son por no revisar periódicamente la matriz interior de gas; no conservar los antecedentes y planos de construcción de la matriz interior de gas (empalme); prestar el servicio de gas a instalaciones que no se encontraban inscritas en SEC; y no adoptar medidas adicionales de seguridad respecto del empalme.
En tanto para el Sanatorio Alemán se formularon cargos por no declarar instalaciones interiores de gas, mientras que para la empresa constructora ISD, que realizaba las labores de remodelación, los cargos fueron por ejecutar trabajos sobre la red de gas sin adoptar medidas de seguridad para evitar daños.
El Superintendente de la SEC, Luis Ávila Bravo, detalló los pasos a seguir tras cerrar la investigación. Ahora, las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la propia institución, tras lo cual viene un período de análisis y evaluación con miras a la eventual aplicación de sanciones y multas, las que podrían llegar hasta las 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), aunque se adelantó a señalar que el monto final dependerá del mérito de la investigación.
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