Mientras el acuerdo entre Corfo y SQM que le permitirá a la minera extender y aumentar su producción de litio en el Salar de Atacama se encuentra bajo el análisis de Contraloría, la Corte de Apelaciones dio trámite a un recurso de protección de comunidades indígenas de la zona quienes buscan frenar el pacto.
La Corte declaró admisible la solicitud de una veintena de organizaciones como la Asociación Indígena de Consejo Pueblos Atacameños y otras de algunas zonas aledañas al salar, como Toconao, Peine, San Pedro de Atacama, entre otras.
Sin entrar al fondo del asunto, la Corte de Apelaciones le pidió a SQM y Corfo que en cinco días remitan "todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso".
A juicio de las comunidades, el acuerdo cerrado el 17 de enero "privan, perturban y amenazan en forma ilegal y arbitraria los derechos constitucionales de los recurrentes", específicamente el derecho a la igualdad ante la ley, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho a la propiedad en sus diversas especies, "al autorizar que se aumenten las cuotas para explotar, procesar y vender hasta 349.553 toneladas métricas (Mt) de litio metálico equivalente, sin consulta a las comunidades indígenas afectadas y comprometiendo los recursos hídricos del territorio atacameño".
Las comunidades pidieron a la Corte establecer una "orden de no innovar, suspendiéndose los efectos que pudieren ocurrir producto de la suscripción de los contratos recurridos (...) mientras no se resuelva el fondo de la causa".
Ante esto, la Corte señaló que los antecedentes pasarían al presidente (de la sala) para los fines que corresponden, lo que en la práctica implica que no se decretó dicha medida.
En un comunicado, Corfo señaló que "la conciliación alcanzada mantiene exactamente las mismas condiciones de extracción de agua y salmuera aprobadas por la Resolución de Calificación Ambiental vigente. Por lo tanto, no representa ningún cambio ni tampoco produce efectos adversos sobre las comunidades indígenas y no indígenas de la zona".
Además, dijo que no se altera la duración del contrato, que son 12 años más.
"Corfo ha trabajado y seguirá trabajando con todas las comunidades indígenas y no indígenas para el desarrollo de éstas y la sustentabilidad del salar de Atacama, resguardando el medioambiente en los contratos con Albemarle y con la Sociedad Química y Minera de Chile", recalcó la entidad cuyo vicepresidente ejecutivo es Eduardo Bitran.
El pacto Corfo-SQM está poniendo fin a un largo arbitraje que mantuvieron las dos entidades. La transacción incluye un aumento en la capacidad para producir litio, dado que a la minera la cuota autorizada se le terminaba aproximadamente en 2023, por lo que ahora podrá llegar a 2030. A cambio, Bitran logró un alejamiento del control de Julio Ponce Lerou, quien -junto a familiares directos- no podrá integrar el directorio de la empresa.
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