Tras varios años de diagnósticos, ideas y comisiones que no lograron traducirse en cambios concretos, el gobierno, en el inicio de si gestión -como ha ocurrido en administraciones anteriores- quiere volver a intentar una reforma al empleo público. Y esta vez se puso un plazo: 120 días para que un grupo transversal de expertos formule propuestas que sirvan de base para un proyecto de ley que modificará las reglas que rigen a los funcionarios del Estado.
Ese fue el mandato con que este lunes el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dieron inicio a la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, instancia que deberá abordar un debate que cruza desde la estabilidad y carrera funcionaria hasta las evaluaciones de desempeño y las condiciones para permanecer en el Estado.
A juicio del mandatario, el diagnóstico ya está e, incluso, hay un consenso técnico “bastante transversal” que “falta llevarlo a la práctica”.
El empleo público arrastra una serie de problemas, según el mundo técnico. Uno de los principales es el uso extendido de las contratas para cubrir funciones que, en muchos casos, son permanentes, lo que convive con altos niveles de estabilidad en otros segmentos de la administración que, además, han perdido presencia.
También existen cuestionamientos a la carrera funcionaria, las posibilidades de movilidad y promoción y, especialmente, a la forma en que se evalúa el desempeño, particularmente los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
La discusión supone buscar un nuevo equilibrio entre estabilidad y capacidad de gestión, entregar certezas y proteger a los funcionarios frente a decisiones arbitrarias, pero también contar con mecanismos que permitan reconocer el buen desempeño y actuar cuando este es persistentemente deficiente.
Aquí justamente aparecen algunos de los temas más sensibles: qué hacer con las contratas, cómo mejorar las evaluaciones y bajo qué condiciones puede producirse una desvinculación.
Kast buscó despejar uno de los principales flancos que podría enfrentar la discusión: “Esto es con los funcionarios públicos. No es en contra de alguien”, sostuvo.
La señal
Este lunes, Kast buscó despejar uno de los principales flancos que podría enfrentar la discusión: el diálogo con los funcionarios públicos.
“Esto es con los funcionarios públicos. No es en contra de alguien”, sostuvo, al tiempo que aseguró que la reforma se trabajará con las asociaciones gremiales y mencionó expresamente a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
En su discurso, Kast defendió la apuesta de avanzar en este tema, argumentando que el sistema actual no logra reconocer adecuadamente el desempeño: “Los premios o los beneficios no distinguen entre quién lo hace bien y quién le carga la mano a otro”, afirmó.
Esto, en alusión a un esquema que no diferencia entre quienes se esfuerzan y quienes no, lo que termina perjudicando tanto al funcionario como al propio Estado.
Quiroz puso el énfasis en la necesidad de adaptar la función pública a los cambios tecnológicos y a las nuevas tareas que ha asumido el aparato estatal.
El secretario de Estado explicó que existen esquemas de trabajo y funcionamiento que “ya han sido superados por los tiempos, por la tecnología y por las nuevas funciones que ha ido adquiriendo el Estado”, y añadió que el desafío será mejorar simultáneamente la eficacia del servicio público y el uso de los recursos.
La comisión será libre para elaborar sus propuestas y deberá escuchar a funcionarios, asociaciones gremiales, parlamentarios y expertos. Una vez entregadas sus conclusiones, el Ejecutivo pretende transformarlas en un proyecto de ley.
“Haciéndolo al inicio de un gobierno, podemos resolverlo durante el mismo período de gobierno y no traspasarle una vez más este tema al gobierno que viene”, explicó Kast.
El aporte desde otras veredas
Fernando Claro, Francisca Díaz Del Río y María Francisca Yáñez también son parte de la comisión.
El primero, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, es economista de la UC y tiene un magíster en Economía de la misma casa de estudios, y además de contar con experiencia en el mercado financiero, fue asesor de diferentes ministros de Economía y Educación.
Díaz es ejecutiva con más de dos décadas de trayectoria en el sector retail, desarrollada íntegramente en Sodimac, donde ocupó la gerencia de negocios del área comercial tras desempeñarse en las áreas de operaciones, comercial y marketing.
Hoy integra directorios de empresas y mantiene una activa participación en distintas iniciativas del ámbito privado y social.
Yáñez es ingeniera civil industrial de la UC, máster y Ph.D. en modelos econométricos. Además, es directora de empresas como Banco Santander, Coca-Cola Andina y Socovesa, integrante del directorio del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) y directora ejecutiva del Hub de IA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Los une, destacaron desde el gobierno, “el rigor analítico con la visión estratégica para poner la inteligencia artificial al servicio de las organizaciones y del país”.
Las opiniones de los integrantes
El diagnóstico y las propuestas de ajustes se han ido sumando por años desde el mundo de los técnicos.
El punto de partida de la comisión no es una hoja en blanco. Varios de los convocados por Hacienda llevan años posicionando este tema, enfatizando que se trata de un tema crucial para impulsar la eficiencia del Estado.
La estabilidad de los funcionarios, el régimen de contratas, las evaluaciones de desempeño, las causales de desvinculación y el espacio que debe ocupar la confianza política dentro de la administración pública son parte de las áreas analizadas.
Las posiciones, sin embargo, no son idénticas.
En 2019, el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, presidió el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, instancia que propuso crear una nueva relación laboral para el sector público basada en contratos indefinidos y con indemnización; un ingreso mediante concursos públicos; más oportunidades de desarrollo profesional, basadas en mérito y equidad; mediciones de desempeño y productividad.
La idea también era acotar los cargos de confianza política y diferenciarlos con mayor claridad de los funcionarios de carrera.
El actual prorrector de la Universidad del Desarrollo, director ejecutivo de FARO UDD y exdiputado, Ernesto Silva, planteó hace más de una década la necesidad de avanzar hacia un “nuevo trato” para los funcionarios públicos, que incluyera explícitamente revisar la inamovilidad, incorporar mejores sistemas de evaluación y modernizar la gestión de recursos humanos. “La rigidez actual del Estado no permite un sistema racional y eficiente de recursos humanos que compatibilice protección en el empleo con eficiencia”, escribió entonces.
El abogado y académico Enrique Rajevic ha advertido reiteradamente sobre la desnaturalización del modelo contemplado originalmente por el Estatuto Administrativo. Su diagnóstico apunta a que un sistema concebido sobre la base de plantas, concursos y carrera funcionaria terminó descansando principalmente en trabajadores a contrata.
También ha cuestionado la dificultad de separar del Estado a personas con bajo desempeño. “Un modelo de empleo público que no te genera incentivos correctos, hace que desvincular a una persona por mal desempeño, por ejemplo, es muy complejo. Y esa es una señal que obviamente es captada por el resto de las personas y finalmente, hace que el premio al mérito no exista y tampoco el castigo al mal desempeño”, sostuvo en 2025.
Otro integrante que ha pedido explícitamente modificar el sistema es el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.
A comienzos de año, y a raíz del cambio de gobierno, sostuvo que el problema de las contratas (y las posibles desvinculaciones por cambio de autoridades) no podía resolverse mediante disposiciones aisladas en leyes como la de reajuste del sector público. “Uno no puede en una ley que usualmente se aprueba en un par de semanas abocarse a solucionar todos los problemas que tiene el Estatuto Administrativo”, dijo en esa oportunidad, agregando que una real solución a esta problemática es una reforma al empleo público.
La consejera del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada, también ha sido crítica. En el ejercicio 2024 sostuvo que en Chile se había “desvirtuado absolutamente el empleo público” y expuso la necesidad de avanzar en una reforma, fortaleciendo la profesionalización y evitando que puestos de carácter técnico queden sujetos a las lógicas políticas de los gobiernos de turno.
Los que han conocido el tema desde adentro
Varios integrantes ocuparon cargos relacionados a la modernización del Estado.
Otros integrantes llegan con experiencia directa en los procesos de modernización estatal, aunque sin posiciones públicas tan definidas como los actores antes mencionados.
Así es el caso de la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien estuvo vinculada a la agenda de Modernización del Estado. Al término de la administración anterior, la reforma al Estatuto Administrativo fue identificada entre las brechas que seguían pendientes.
La exministra Segpres, Macarena Lobos, estuvo involucrada en discusiones sobre modificaciones al régimen disciplinario de los funcionarios y ha defendido la diferenciación entre los cargos de confianza -que deben abandonar sus funciones con un cambio de administración-; y aquellos puestos provistos mediante concursos y mecanismos como la Alta Dirección Pública.
La exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, también cuenta con una trayectoria ligada a la materia: antes de encabezar la Dipres, fue subdirectora de Racionalización y Función Pública, área responsable de materias vinculadas con dotaciones y empleo público, y posteriormente también integró el Consejo de Alta Dirección Pública.
Otro que conoce de cerca la discusión sobre empleo público es el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo e investigador del CEP, Jorge Rodríguez: entre 2014 y 2018 fue subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres.
Desde esa posición planteó que el debate sobre el tamaño del empleo estatal suele estar “cargado de ideología” y defendió la necesidad de que el sector público ofrezca remuneraciones competitivas para atraer buenos profesionales.
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Carolina León
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