El 12 de noviembre, el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Hermann González, envió una carta a nombre de la cartera al presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Desormeaux, en la que le solicitaba a la entidad identificar medidas tributarias de “reversión automática” que podrían implementarse para acelerar la economía.
Con esto se refiere a medidas que generan un menor ingreso fiscal en el corto plazo, pero cuyo efecto en las arcas del Estado es restaurado en el ejercicio siguiente. Por ende, dichas medidas no afectan el balance estructural.
El pasado 20 de noviembre llegó la respuesta en la que el CFA identificó a lo menos tres propuestas en la línea de lo solicitado por Hacienda.
En la carta, dirigida al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el consejo recuerda tres medidas implementadas en 2009 para enfrentar la crisis financiera internacional.
La primera es el anticipo de la devolución del impuesto a la renta para contribuyentes del Global Complementario; la segunda, una rebaja transitoria de los pagos provisionales mensuales (PPM) del Impuesto de Primera Categoría; y la tercera, una rebaja como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría de los gastos incurridos en programas de capacitación para sus trabajadores al alero del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
“El consejo deja constancia que en este documento solo identifica medidas que cumplen con la normativa vigente para ser calificadas como medidas tributarias transitorias de reversión automática, por lo que no se está manifestando sobre su mérito ni sobre su eventual implementación”, señala el documento.
Este último punto es importante, ya que el Ejecutivo prepara un inminente anuncio de medidas para reactivar la economía y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), afectadas por los hechos de violencia en medio de la crisis social que se vive desde el 18 de octubre. Dicho paquete incluirá medidas impositivas.
Adicionalmente, el CFA envió el 18 de noviembre una carta a Briones pronunciándose sobre la polémica indicación de la diputada Ximena Ossandón, aprobada en la Cámara de Diputados, que aumenta en 50% las pensiones básicas para todos los tramos en 2020. “Sin entrar al mérito de esta propuesta, si ella no es acompañada de una combinación de mayores ingresos permanentes y/o reasignaciones de igual dimensión, llevará a un deterioro del balance efectivo y estructural del gobierno, elevando el nivel de la deuda pública y dificultando su estabilización”, advirtió el CFA.
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