Un grupo de diputados de oposición encabezados por Marcela Hernando del PR, Joanna Pérez de la DC, y Tucapel Jiménez del PPD; presentó un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en su artículo 60 para establecer que la indemnización por años de servicios se pague a los familiares de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales o de trayecto.
En el texto de la iniciativa los autores explican que "el presente proyecto se hace cargo de un problema que realmente afecta directamente a los familiares de los trabajadores víctimas de accidentes del trabajo o de trayecto. En efecto, aplicando el artículo 60 del Código del Trabajo, a la luz de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, aquellos familiares dejarían de percibir la indemnización por años de servicio del trabajador fallecido, con independencia de su tiempo de permanencia en la empresa, y de las contingencias que, asociadas a esa muerte, surgen para las familias".
Agregan que "por razones de justicia, el proyecto viene en apoyar a las familias de los trabajadores fallecidos en accidentes del trabajo, quienes hoy no perciben sus indemnizaciones por años de servicio. Con ello se viene en establecer un beneficio del que, en principio, son naturalmente titulares atendiendo el propósito propio de la indemnización por años de servicios".
Afirman que "no existen razones suficientes que permitan explicar por qué las empresas hoy no entregan dicha indemnización al trabajador siniestrado, o bien a sus familiares sobrevivientes. Esa es la realidad que este proyecto de ley busca cambiar".
En su argumentación, los parlamentarios señalan que en Chile, de acuerdo con informes de la Superintendencia de Seguridad Social durante el 2019 ocurrieron 158.656 accidentes del trabajo.
Dentro de este grupo, se contabilizan 197 trabajadores fallecidos en accidentes laborales fatales y 163 fatalidades por accidentes de trayecto entre la casa y el trabajo. "Estas cifras dan cuenta del impacto social que produciría la reforma que se está planteando en esta iniciativa. En efecto, los familiares de esas personas pasarían, finalmente, a disponer de medios económicos para atenuar, en algo, el impacto patrimonial que les ocasiona el fallecimiento de quien es, muchas veces, el sostén de la familia", sostiene la argumentación del proyecto.
Además, indican que "en Chile existen 6.570.248 trabajadores que se encuentran bajo el amparo de la Ley Nº16.744, lo que equivale a un 72% de los ocupados en el país, quedando bajo la desprotección un 28% de los trabadores que cumplen labores remuneradas fuera del sistema de protección de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales".
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