Para este jueves a las 10.30 está convocada la comisión de Economía del Senado para dar el vamos al estudio del proyecto que busca incentivar la protección al consumidor, ingresado hace un año por el Ejecutivo.
Durante su primer trámite sufrió algunas modificaciones que el Ejecutivo busca reponer en su paso por el Senado. Por lo mismo, de las 21 indicaciones ingresadas el 6 de enero, 15 pertenecen al Gobierno.
De ellas destacan dos que buscan dar pie atrás a lo aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados.
Una, es la prohibición de ofrecer promociones con tarjetas de créditos del retail ligadas al mismo proveedor, ya sea por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro que se aprobó en última instancia a mediados de octubre antes de ser despachada por al Senado.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, explica que "hemos propuesto eliminar tales indicaciones porque queremos evitar impactos negativos en los consumidores, los cuales, de acuerdo a la redacción de las indicaciones, podrían ocurrir".
Fundamenta que en "el caso de no permitir descuentos con medios de pago específico, si bien nos interesa extender beneficios a través de mayor competencia y transparencia, no queremos imponer medidas que atenten en contra de beneficios para los consumidores".
Agrega que "el regular de mejor manera los usos de las tarjetas de crédito nos parece completamente adecuado; por esa razón, recogemos el guante de la idea central, para trabajarlas y lograr la mejor legislación para las personas".
El sobreendeudamiento en la mira
La segunda es la referente a una indicación que busca entregar mayor responsabilidad a la banca en la entrega de líneas y tarjetas de crédito a universitarios.
Sobre esta última, el secretario de Estado explica que dicha indicación, tal como está contemplada en el proyecto "además de ser una prohibición arbitraria, no constituye una medida efectiva para evitar el sobre endeudamiento, ya que los padres podrían transformarse en avales, con lo cual se obtiene el efecto adverso".
El artículo que se busca eleminar establece que: "Para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de educación superior, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán exigirles que acrediten contar con recursos económicos suficientes para solventar las obligaciones que surjan de estos actos o, en su defecto, que constituyan una garantía personal que caucione el cumplimiento de tales deudas".
Este es un punto que miran con atención los parlamentarios miembros de la comisión. El senador UDI y presidente de la instancia, José Miguel Durana, cree que esta es una materia que debiera regularse.
En tanto el senador PPD, Felipe Harboe, advierte que "es delicado que el Gobierno haya eliminado el requisito para que los bancos asuman una mayor responsabilidad en la entrega de una tarjeta o línea de crédito cuando se trata de universitarios". A su juicio, dado que existen casos en que los estudiantes egresan de la educación superior con deudas o protestos gatilladas por el no pago de dichos productos financieros, la mayor exigencia prevista en la iniciativa "si va en beneficio directo de evitar el sobreendeudamiento", por lo que considera que "debiéramos tratar de reponerlo en el senado".
En la misma dirección la senadora DC, Ximena Rincón, criticó el que el Gobierno busque eliminar esta indicación. En términos generales la parlamentaria señala que si bien el proyecto recoge algunos aspectos que "hace años los consumidores vienen exigiendo, está lejos de ser la solución para el endeudamiento y la protección financiera de los ciudadanos".
Agrega que las cifras de morosidad es "el resultado de un abandono de los consumidores al alero de las reglas del mercado", por lo que la labor del Gobierno es introducir las reformas urgentes para incentivar el ahorro, la protección del consumidor y especialmente la educación financiera.
Más crítico de la propuesta del Ejecutivo es el socialista, Álvaro Elizalde, quien señala que "las indicaciones del Gobierno van en el sentido contrario de lo que se necesita". Ante esto asegura que "no apoyaremos aquellas iniciativas que debilitan la protección de los consumidores ante el abuso".
"Evidentemente creo que hay contradicción en este proyecto. Por un lado se hacía una medida efectiva -evitar el sobreendeudamiento estudiantil- pero por otro, lo elimina. No se entiende bien para dónde va el Gobierno", concluye Harboe.
Otro de los puntos que busca eliminar el Ejecutivo es el que otorga una garantía especial para automóviles. El ministro Palacios explica que en este caso la indicación "generaría un aumento del precio de los mismos vehículos, es decir, traspaso del costo al consumidor".
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