Las principales dudas que emergieron en la previa de la formalización del Caso Sartor giraron en torno al delito de lavado de activos. Tal como fue adelantado por DF a finales de la semana pasada, el ilícito fue añadido a la diligencia por parte de la Fiscalía a días de iniciar la audiencia.
Esa dimensión avanzó por meses en completa reserva, en paralelo a la causa principal.
Si bien en un inicio se especuló que se enfoca en el destino final de los dineros que emanaron de desde las sociedades que recibieron financiamiento de los fondos respaldados por aportantes, el Ministerio Público atribuyó el delito a un solo hecho.
Según la minuta preparada por los persecutores para la formalización, a la que accedió este medio, la Fiscalía persigue el delito de blanqueo de capitales en la propiedad de Azul Azul por parte de Michael Clark, que participó de la operación con su sociedad Inversiones Antumalal SpA, a través del fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport”.
De acuerdo con el documento, la adquisición y posterior control de la concesionaria del club Universidad de Chile tuvieron un origen ilícito al derivar de delitos de administración desleal y de infracciones a la Ley de Mercado de Valores, mantener oculta la procedencia de los recursos, intentar desprenderse posteriormente del activo mediante un proceso de venta y distanciar el activo de los acreedores de Sartor AGF.
La Fiscalía argumentó la imputación de los delitos de fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.
Financiamiento original
Según la minuta, “los fondos utilizados para dicha adquisición tenían su origen en la comisión de delitos de administración desleal que afectaron a los Fondos de Inversión Sartor Táctico y Sartor Leasing, así como de delitos contemplados en la ley de mercado de valores, razón por la cual su origen se mantuvo oculto por parte de los apoderados de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. como de los representantes de Inversiones Antumalal Limitada, a sabiendas de la ilicitud de su origen”.
En detalle, “con fecha 19 de abril de 2021, los fondos de inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico administrados por Sartor AGF S.A., inyectaron $ 7.200.000.000 a Inversiones Cerro El Plomo SpA a través de la suscripción de pagarés en favor de los primeros”, apuntó la minuta.
“A su vez, el Fondo de Inversión Sartor Proyección concurrió al financiamiento de Inversiones Cerro El Plomo SpA con $1.100.000.000 a través de la emisión de un pagaré en favor de dicho Fondo de Inversión” en aquella jornada, añadió el texto.
Agregó que ese mismo día “Inversiones Cerro El Plomo SpA otorgó financiamiento al Fondo de Inversión Privado Tactical Sports a través de la misma operatoria, esto es, la suscripción de pagarés por un total de $ 4.297.000.000 aproximadamente”.
“Los imputados ya señalados autorizaron estos créditos que financiaron al Fondo de Inversión Privado Tactical Sports, a través de sociedades relacionadas con Sartor AGF S.A. y sus Directores, sin cumplir ninguna de las condiciones previstas en el artículo 62 de la LUF”, apuntó la Fiscalía.
Tras la compra, se suscribieron nuevos pagarés y se prorrogaron algunos de los ya emitidos respecto del financiamiento de los Fondos Táctico y Leasing a Inversiones Cerro El Plomo SpA, por un total de cerca de $ 6.200 millones.
Ingresos e intento de venta
Ya con el control de Azul Azul, “Asesorías e Inversiones Sartor S.A. e Inversiones Antumalal, en el porcentaje que les correspondía por la propiedad de sus cuotas, ejercieron el control de la sociedad Azul Azul S.A., administrando la misma, eligiendo a sus directores, entre ellos, Michael Clark Varela, Carlos Larraín Mery, José Ramón Correa Díaz, Miguel León Núñez, e incluso con fecha 25 de abril de 2023, el imputado Michael Clark asumió la presidencia de Azul Azul S.A.”, detalló la Fiscalía
Durante este período, “se realizaron innumerables operaciones de compra y venta de jugadores, recibiendo (Clark) una remuneración por el ejercicio del cargo, y tal como se señaló, manteniendo siempre oculto el hecho de que esa propiedad se adquirió en base al financiamiento proveniente de los fondos públicos administrados por Sartor AGF S.A., sin cumplir ninguna de las condiciones previstas en el artículo 62 de la LUF”.
En esta línea, el Ministerio Público reveló un proceso de venta de Tactical Sport. “Además de las maniobras de ocultamiento de los bienes adquiridos de forma ilícita, previamente descritas, los imputados intentaron realizar otros actos de ocultamiento a fin de desprenderse de este porcentaje accionario”, señaló la minuta.
En detalle, el 15 de enero de 2024, Clark, en representación del FIP, “suscribió un contrato de Asesoría Financiera con Moonvalley Capital Asesorías Limitada, para la venta de hasta el 100% de las cuotas del FIP Tactical Sport”, reveló la Fiscalía.
Finalmente, “esta operación no llegó al resultado pretendido”, concluyó la minuta.
La “toma de control” de Clark
Parsa argumentar el hecho, en su minuta la Fiscalía también apuntó a la hoy fallida compra por parte de Clark del restante 90% de Tactical Sport, firmada el 13 de diciembre de 2024, en medio del estallido del caso.
“De esta forma, se produjo el cambio de controlador de Azul Azul S.A”, aseguró la Fiscalía, organismo que sostuvo que debió haberse sometido a una Oferta Pública de Adquisición de Acciones.
De acuerdo con el Ministerio Público, con la compra, Clark “evitó que los aportantes de los fondos de inversión públicos de Sartor AGF S.A. pudiesen recuperar los montos de dinero invertidos en los fondos Sartor, así como también que otros acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. pudieran ejecutar sus créditos”. Uno de ellos siendo la corredora de bolsa de Bci.
“Los antecedentes que constan en la carpeta investigativa permiten presumir fundadamente que la referida transacción (...) como una forma de evitar que la simultánea celebrada entre Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y BCI Corredora de Bolsas fuera cobrada con las acciones de Azul Azul S.A.”, afirmó el texto preparado por los persecutores.
Fraude, lavado y contrato simulado
De esta manera, la minuta de la Fiscalía señaló que “los hechos anteriormente descritos se estiman constitutivos del delito de Fraude a la Omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, (...) el delito se encuentra en grado de desarrollo consumado y al imputado Michael Mark Clark Varela, se le atribuye participación en calidad de autor (...) en relación con el articulo 1 de la Ley 21.595 de Ley de Delitos Económicos”.
“Además, son constitutivos del delito de lavado de activos (...) el cual se encuentra en grado de desarrollo consumado y al imputado Michael Mark Clark Varela, se le atribuye la calidad de autor (...) en relación con el articulo 4 de la Ley 21.595 de Ley de Delitos Económicos”, añadió el texto.
jFinalmente, detalló que “son constitutivos del delito de contrato simulado (...) en grado de desarrollo consumado y al imputado Michael Mark Clark Varela, se le atribuye la calidad de autor (...) en relación con el articulo 2 de la Ley 21.595 de Ley de Delitos Económicos”.
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