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REGÍSTRATE AQUÍTras este revés, el oficialismo tiene la alternativa de recurrir al uso del Veto Aditivo Presidencial o bien al envío de un proyecto de ley corta.
Por: Pamela Cuevas V.
Publicado: Jueves 7 de mayo de 2020 a las 04:00 hrs.
No le fue bien ayer al Gobierno con el proyecto de ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien la iniciativa fue aprobada en general por la sala del Senado, en el transcurso de una sesión de más de cinco horas la oposición rechazó las indicaciones del Ejecutivo que buscaban reponer los artículos que se habían perdido en la Cámara de Diputados.
Con 24 votos en contra y 18 a favor el oficialismo vio truncado su expectativa de reponer la fórmula con que se pretendía distribuir US$ 802 millones entre 1,7 millón de hogares cuyos ingresos tienen una fuente principalmente informal, o sea, enfrentan una situación de vulnerabilidad.
Así lo explicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien reiteró que con el rechazo al artículo que especificaba la fórmula de cálculo del beneficio “no tenemos hoy un proyecto de ley implementable”.
“Después de 10 días de tramitación llegamos a un punto muerto, vamos a trabajar en todas las fórmulas para que lo antes posible llegue esto al bolsillo de las personas”, señaló.
Tras este revés el Gobierno tiene la alternativa de recurrir al uso del Veto Aditivo Presidencial o bien el envío de un proyecto de ley corta, con el propósito de reponer lo que en tres oportunidades fue rechazado en el Congreso para distribuir el beneficio.
Desde la oposición el senador PS, Carlos Montes señaló que “resulta incomprensible que el Gobierno se cerrara al diálogo. El retraso de esta iniciativa es su responsabilidad”.
La propuesta de los senadores, que desechó el Gobierno durante su tramitación, buscaba elevar el beneficio desde $ 65.000 a $ 80.000 por persona y sin gradualidad. Con ello los recursos se elevarían a unos US$ 1.200 millones, según sus cálculos.
Esto en la práctica significaba que un hogar de cuatro integrantes perteneciente al 40% más vulnerable de la población recibiría $320.000 durante los tres meses previstos en el proyect0. Ello se distancia de la propuesta del Ejecutivo que contempla sólo para el primer mes $260.000, mientras que para el segundo y tercer mes dicho valor disminuiría a un 85% y 70%, respectivamente.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.