A solo días de cumplirse dos años de esta segunda gestión del presidente Sebastián Piñera, un grupo de senadores de la Democracia Cristiana (DC) realizó un balance negativo y junto con anunciar las prioridades legislativas a las que se abocará su bancada, sus representantes exhortaron al Gobierno a ejecutar de manera acelerada la inversión pública, para sortear el "estancamiento de la economía" que se estaría produciendo con una proyección de crecimiento inferior al 1% este 2020. En este escenario, calificaron la actual gestión como "mediocre".
En un documento elaborado por los senadores Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro, los legisladores de la falange dan especial prioridad a las iniciativas de la agenda antiabusos -que combatiría los llamado delitos de "cuello y corbata"-, anunciada con bombos y platillos por el mandatario, pero que aún no ve la luz en el Congreso. Por ahora, en el Parlamento sólo se avanza en proyectos de los propios parlamentarios.
Junto con las preocupaciones que les genera a los legisladores el casi nulo crecimiento económico, plantearon también que se requiere impulsar reformas sociales "de verdad" y no "medidas de parche, como son los proyectos de la agenda social de este Gobierno", critican. En este ámbito es donde debiera enfocarse la labor legislativa de este año, dicen.
Es así como, además de la agenda antiabusos –tema sobre el cual advierten que "nos parece muy grave que se anuncie una agenda para elevar sanciones de los delitos de cuello y corbata y el gobierno no presente ningún proyecto de ley al respecto"-, los parlamentarios falangistas sostienen que desde noviembre el legislativo espera el rediseño del Fondo Común Municipal de parte del gobierno, con una mayor equidad territorial. No obstante, la iniciativa aún no ingresa al Congreso, aunque está siendo elaborada entre la Subdere y Hacienda, como adelantó DF hace unos días.
En este aspecto, expresan su preocupación acerca de que aún no se conozca la distribución regional de la ejecución de los programas de empleo regionales, que se debía ejecutar en enero de 2020, para lo que la Subdere –dice- contaba con $30.000 millones.
También advierten que aún no ingresa al Congreso el proyecto que modifica la actual ley de distribución eléctrica que el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, había comprometido para el 1 de marzo, como condición para aprobar en su minuto la llamada Ley Corta.
Así mismo, sostienen que la crisis del INE es una oportunidad para reactivar el proyecto de reforma a la institucionalidad estadística, que aseguran "está congelado desde marzo de 2018 en la comisión de Hacienda del Senado". Acto seguido expresan su preocupación por los déficit de financiamiento de los hospitales públicos; advierten que la ley obliga al gobierno a enviar el proyecto de ley sobre el nuevo sistema de compras militares antes del 26 de marzo; y, por último, se refieren a la reforma de pensiones, respecto de lo cual insisten que un 3% destinado a solidaridad es "insuficiente".
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