Una positiva acogida tuvo en el mundo técnico el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de reformar el estatuto administrativo, es decir, las normativas que regulan la relación entre el Estado y sus trabajadores.
El terreno, consideran, es fértil, dado que es una idea que ha estado presente hace años en el debate (ver recuadro). De hecho, tanto las administraciones de los expresidentes Gabriel Boric y Sebastián Piñera habían iniciado un proceso que finalmente se truncó.
De ahí que haya expectación por la próxima comisión revisora, cuyo secretario ejecutivo será el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llodrá.
“Es necesario de una vez por todas una reforma profunda al anacrónico Estatuto Administrativo, poniendo fin a la dualidad entre planta y contrata y adoptar un régimen único de contratación, armonizando elementos de flexibilidad y protección, incluyendo protección ante la contingencia del término del vínculo laboral”, dijo el director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la U. Diego Portales, Juan Bravo.
A su juicio, uno de los problemas más graves es la inexistencia de un mecanismo de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos que sea exigente y que genere consecuencias reales en función del desempeño, premiando y castigando en cada caso pertinente.
Una preocupación que comparte la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, quien propone que las bonificaciones de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) —que son recibidas por el 99% de las instituciones estatales— se incorporen al salario. En su opinión, se necesita un sistema que ranquee al final a los funcionarios y “que permita que las calificaciones reflejen desempeño real”.
El exdirector nacional del Servicio Civil, Felipe Melo, también comparte la necesidad de un sistema de evaluación del desempeño con impacto, incluyendo política salarial, movilidad interna y formación, en el que sean clave la orientación al usuario, el pensamiento digital y el uso de la inteligencia artificial (IA).
Contrataciones
El director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, afirmó que “de todos modos debería cambiarse” el régimen de contrataciones y propuso que podría sustituirse con una nueva modalidad, una que sea más flexible.
El también vicepresidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado indicó que las plantas están definidas por ley y, si un servicio público tiene que actualizarse, crear o eliminar una nueva división, debe ir al Congreso. Por lo tanto, esos espacios tienden a cubrirse con contratas.
“Necesitamos un empleo público mucho más dinámico y eso significa una posibilidad de contratar más fácil y una posibilidad también de causales de remoción más precisas, pero más amplias también, como puede ser la supresión o la creación de nuevas funciones públicas”, dijo.
Por su parte, el académico de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Rajevic, puntualizó que “el elemento central es que el régimen, que en teoría sería el que corresponde al empleo público, no se ha respetado; y eso genera incertidumbre”. En esta línea, explicó que originalmente estaba establecido que podía haber hasta un 20% de empleo a contrata, modalidad que sería solamente por un año. Sin embargo, de acuerdo con sus cifras, el 58% del empleo total es a contrata y el que está bajo el régimen de carrera roza el 22%.
Otro punto, mencionó, son los contratos a honorarios, o denominados “falsos honorarios”, de personas que están trabajando bajo subordinación y dependencia, además de un porcentaje de funcionarios al amparo del Código del Trabajo. Una problemática que también abarca al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), indicó Rajevic, que se ve usado como un cargo de confianza, en vez de uno de carrera. Incluso, destacó que, mientras un cargo ADP podría durar hasta nueve años, en la práctica solo se observa un período de tres.
“Si queremos construir una administración pública profesional, hay que deslindar mejor cuál es el espacio de la confianza y cuál es el espacio del mérito”, indicó.
Abud compartió la inquietud y señaló que, de acuerdo con sus cifras, la mitad de los funcionarios ADP es removida antes del segundo año de cada gobierno. “Todavía tenemos ese desafío de que no hemos logrado que exista realmente una atracción de talento en que aseguren una estabilidad laboral”, dijo.
También, propuso la creación de un Registro Nacional de Empleo Público que esté unificado digitalmente y a cargo del Servicio Civil, lo que permitiría —en su opinión— solucionar la fragmentación de la información y las importantes diferencias sobre cuántos funcionarios tiene el Estado entre lo que reportan Dipres, Contraloría, el Consejo para la Transparencia y Subdere.
Desde 2009 a la fecha: las recomendaciones en la mesa
- No solo diferentes gobiernos han pensado en cambios al estatuto administrativo, sino que estos han sido analizados a nivel técnico.
- En 2009, el Consorcio por la Reforma del Estado puso en la mesa la profesionalización del Estado, con movilidad horizontal, un nuevo contrato de caracter indefinido y con acceso al seguro de desempleo para funcionarios público y la mejora de los sistemas de evaluación, entre otras propuestas.
- El documento fue elaborado por 11 entidades transversales, conformado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), la Fundación Chile 21, Cieplan, el Instituto de Políticas Públicas Expansiva-UDP, la Fundación Jaime Guzmán, Libertad, Libertad y Desarrollo (LyD), la Corporación ProyectAmerica, la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Desde entonces, Res Pública (2013) la Comisión de Modernización del Estado convocada por el CEP y un grupo transversal de centros de estudios (CEP, Chile21, Espacio Público y LyD) han presentado distintas propuestas en la materia.Desde el exterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó en 2025 un análisis de la estructura del empleo en el sector público, gobernanza y prácticas de gestión.
- Entre sus recomendaciones está el fortalecer el rol del Servicio Civil en la coordinación de puestos y el desarrollo de políticas públicas que permitan mayor movilidad horizontal de los funcionarios públicos.
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Amanda Santillán
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