Continúa la audiencia de formalización del caso Sartor con su octavo día durante este lunes.
En el marco de la discusión por la solicitud de prisión preventiva para cinco investigados en la causa, la defensa de Michael Clark expone sus argumentos contra los delitos imputados por parte del Ministerio Público en la diligencia. La cautelar también fue solicitada para los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez.
En su exposición, el abogado del expresidente de Azul Azul, Bernardo Rosenberg, buscó desmarcar a su representado de los hechos desatados al interior de Sartor AGF.
"Michael Clark no es Sartor, no es socio de ninguna de las sociedades del grupo, no tiene ni ha tenido poderes de administración de ninguna clase dentro el grupo, no aprobó operaciones en el año 2023 y 2024, jamás ha adquirido una acción de Azul Azul", señaló el penalista.
En esta línea, tras presentar una malla societaria del grupo financiero, Rosenberg enfatizó: "¿Qué es lo que falta en esa imagen? Falta Michael Clark".
“Mi representado fue un director con un rol más acotado, sin poderes, sin beneficio personal, sin participación en el período que concentra el daño y sin conocimiento del verdadero estado patrimonial de las sociedades cuya crisis se le imputa”, afirmó.
Para el penalista, su defendido “fue invitado a una institución que aparentaba funcionar, que era auditada, que era regulada y que ocultó información que habría permitido (a Clark) tener otra conducta”.
De esta manera, según Rosenberg, el perfil descrito de Clark “no satisface ninguno de los elementos del tipo penal que hay en la formalización”.
Los periodos
En su intervención, Rosenberg detalló que, de acuerdo con lo que también han expuesto querellantes, el caso se dividiría en tres etapas: 2016 y 2017, en relación al origen de la trama del factoring de ECapital; 2018 y 2022; y 2023 y 2024. El primero y el tercero , de acuerdo al abogado, serían los episodios “críticos”.
En esta línea, detalló que "no participó en el Comité de Crédito en 2023 y 2024, no existe ninguna acta de aprobación en todo el expediente de más de 80.000 documentos, que pueda tener participación en los periodos de 2023 y 2024, que afecta principalmente a la víctima Credicorp Capital”.
Respecto de la primera etapa, entre 2016 y 2017 referida al fraude interno que afectó a ECapital y deterioró su condición financiera, “el núcleo de Sartor ocultó esta situación en 2018 y así lo han manifestado los intervinientes”, afirmó.
Asimismo, disparó contra Harz, segundo socio mayoritario del grupo y su director de inversiones, tanto en la AGF como en la matriz. “El encargado de inversión de los fondos, quien toma la decisión del destino de dineros de esta investigación se encuentra con medidas del 155 (del Código Procesal Penal, es decir, arresto domiciliario), sin embargo, a la fecha nadie sabe dónde está el dinero”, sostuvo.
Siguiendo en el tiempo, aseguró que el 2021 "se le traspasó esa deuda a Sartor, capitalizó la deuda, crearon un vehículo para esconder esta circunstancia, pero lo relevante es que en esos periodos no está representado involucrado en el perjuicio mayor de la presente causa".
Posición dentro del grupo
El abogado también precisó lo que sería la “posición real (de Clark) al interior de esta organización”.
De esta manera, relató que el imputado llegó a Sartor en 2019, en carácter de asesor. Cuando en 2020 ingresó al directorio de la AGF, señaló Rosenberg, esta contaba con áreas de riesgo, legal y compliance separadas e independientes.
"Todo el mundo dependía de Alfredo Harz", señaló, segundo socio mayoritario de la matriz y director de inversiones, por lo que “la persona que estaba encargada de decirle a inversiones 'eso es muy riesgoso' dependía de él (director de inversiones) jerárquicamente”.
Además, apuntó que “mi representado fue director y contó con auditorías y asesorías internas del señor Juan Pablo Carreño, que estuvo ocho años en la empresa, y auditorías externas de primer calidad como de Deloitte, KPMG, Grant Thornton y con supervisión permanente, durante todos esos años, de la CMF, el regulador”.
“Ni provisiones, ni riesgos, ni legal, ni compliance, nunca nadie dijo nada”, enfatizó.
En esta línea, argumentó el derecho de legítima confianza. “Así como un médico cirujano que debe entrar a un pabellón y confiar de que el bisturí está esterilizado, misma confianza es la que contaba mi representado en una organización, una estructura como esta, porque nunca nadie dijo nada, nadie alertó”, señaló Rosenberg.