Con más del 80% de la población del país en cuarentena, el Gobierno se prepara para ingresar “lo antes posible” al Congreso las modificaciones anunciadas hace una semana a la Ley de Protección del Empleo (LPE) y al Seguro de Cesantía.
Los cambios permitirán reiniciar el monto del retiro desde el primero -fijado hoy en 70% del sueldo promedio del trabajador- y restablecer la gradualidad acorde con la cantidad de giros permitida.
Actualmente, los trabajadores con contratos suspendidos por acto o declaración de autoridad, pueden acceder a 15 giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Para los suspendidos por acuerdo el beneficio es de siete.
En el caso de los cesantes, los giros dependen del origen de los fondos: si es cuenta individual pueden acceder a trece; y si es fondo solidario, a cinco (ver tabla).
Según datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), las solicitudes aprobadas por cesantía alcanzan a 1,3 millones, mientras que las hechas por las empresas por suspensión se empinan a poco más de 127 mil y de 9 mil las por reducción de jornada.
El académico de la Facultad de Economía, Mauricio Tejada, valora la flexibilización que se propone a los requisitos de acceso y al patrón de retiros, ya que “la pandemia se ha extendido más allá de lo que uno podría haber previsto”.
La LPE y la Ley 21.263 que flexibilizó transitoriamente los requisitos de acceso de las prestaciones al seguro de desempleo tienen vigencia hasta el 6 de junio.
Para el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Bravo, “fortalecer las ayudas que se dan para poder mantener los vínculos laborales” son “positivas”.
No obstante aquello, insiste en que para el caso de los trabajadores suspendidos mantener la gradualidad de la tasa de reemplazo (cálculo del porcentaje de los retiros en base al sueldo del trabajador) es “un mal diseño”.
A su juicio, esa lógica está bien para tiempos normales, porque se quiere incentivar a buscar empleo, pero en una situación en que la autoridad impone las restricciones a la movilidad, no tiene sentido. Por esto, para quienes mantienen el vínculo laboral, como son los trabajadores suspendidos, no debiera aplicarse.
¿Informalidad?
Para los cesantes, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, destaca que les brinda protección. A ello agrega que es “muy útil” la idea que se menciona desde el Ejecutivo para que por vía administrativa se puedan modificar los porcentajes de las tasas de reemplazo, mínimos y máximos.
En la misma línea, el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, pone el acento en que estos cambios apoyarán a quienes estaban en procesos de selección y búsqueda de plazas laborales, ya que “este reseteo” en el monto les permitirá sustentar sus gastos mientras pasa la cuarentena y se reactivan las ofertas.
Durante la recuperación de empleo -luego de la pérdida de dos millones de trabajos a mediados de 2020-, los que más rápido crecen son los informales que al trimestre móvil de noviembre-enero representaron el 59% del millón creado, evidenciando la precariedad del mercado laboral.
En ese contexto, los expertos coincidieron en que estos cambios legales no suponen un mayor incentivo a ellos.
“Hoy el riesgo de la informalidad está más por una falta de vacantes formales” ocasionada “por una actividad deprimida”, asevera Tejada.
Así, la gradualidad y que la tasa de reemplazo sea inferior a la remuneración, son “suficiente” para propiciar una búsqueda de empleo a juicio de David Bravo.
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