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REGÍSTRATE AQUÍLos parlamentarios señalan que la actual norma "no es del todo precisa" por lo que la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia.
Por: Romina Jara Oliva
Publicado: Lunes 1 de octubre de 2018 a las 15:41 hrs.
La diputada Andrea Parra (PPD), junto a sus pares René Saffirio (IND) y Miguel Mellado (RN), presentaron un proyecto de ley que profundiza el principio de probidad en la administración pública, proponiendo que los funcionarios y autoridades deben abstenerse de resolver la aprobación y/o distribución de recursos cuando los beneficiarios sean organismos en el que intervienen o participan familiares.
La parlamentaria explicó que actualmente la Ley General de Bases es la que establece las conductas que contravienen el principio de probidad, "advirtiendo que los funcionarios y autoridades no pueden intervenir en temas en que se tenga interés personal y los obliga a abstenerse de participar de decisiones que le reste imparcialidad", pero advirtió que "la norma no es del todo precisa y la Contraloría ha tenido que pronunciarse en varias oportunidades sobre la materia".
En ese sentido, la parlamentaria recordó el caso más reciente que involucró a un exsubsecretario de Desarrollo Regional, quien en función de su cargo aprobó proyectos que beneficiaban a la comuna de Vicuña, en donde su cuñado era el alcalde. La Contraloría dictaminó que la exautoridad de gobierno debía abstenerse de participar del proceso de aprobación y asignación de recursos.
"Este claro conflicto de interés no solo debería afectar a un subsecretario. En la misma situación están otros funcionarios y autoridades que tienen dentro de sus funciones aprobar y distribuir fondos públicos. Es el caso de jefes de servicio, intendentes, consejeros regionales y concejales, entre otros", manifestó la legisladora.
Con todo, la diputada sostuvo que "lo que queremos hacer es correr el cerco en materia de probidad y transparencia, y disminuir las zonas grises donde la corrupción y el interés particular se alojan en desmedro del bien común. Buscamos profundizar el principio de probidad y precisar los actos que lo ponen en riesgo, por lo tanto, con esto incentivamos a que el Estado goce de una mayor transparencia".

La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
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