En una tensa jornada, la Sala de la Cámara discutió este martes la acusación constitucional presentada por el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (PR) en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, cuyo quorum corresponde sólo a la mayoría de los diputados presentes. Aunque el abogado defensor Patricio Zapata decidió iniciar apelando a la “cuestión previa”, esta fue rechazada; por lo que se pasó de inmediato al fondo, que también sorteó esta primera valla, entregándole al Senado la responsabilidad de sellar el destino del exsecretario de Estado.
A Grau se lo acusa, en cuatro capítulos, de haber infringido la Constitución y las leyes respecto de los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública y en la gestión financiera del Estado; haber infringido la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; haber vulnerado el principio de universalidad presupuestaria; y, de haber vulnerado el deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.
El extitular de Hacienda arriesga la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años, luego que se pasara al fondo de la acusación al ser rechazada la cuestión previa por 83 votos, frente a 61 que optaron por aprobarla y dos abstenciones.
Desde las 10:15 de la mañana comenzó el estudio de la acusación, para lo cual el abogado defensor Patricio Zapata optó por invocar la llamada cuestión previa, para evitar entrar al fondo, en el caso de que los diputados se inclinarán por aprobarla. La cuestión previa se hace necesaria debido a que “la acusación tiene problemas serios, tan serios, que corresponde que esta Cámara señale que no es apta para continuar”, argumentó Zapata.
El jurista, incluso, apeló al reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para indicar que después de este documento se hace innecesaria la acusación, señalando que “la acusación cita al CFA, al FMI y al primer informe trimestral de este gobierno” para fundar sus reproches. Sin embargo, “ayer (lunes) el CFA señala ‘el análisis efectuado no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP del cuarto trimestre de 2025, los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables’”.
“Olorcillo penal”
Al pasar al fondo, Zapata argumentó que en “la práctica” la acusación constitucional tiene un “olorcillo penal”, a raíz de la inhabilidad por cinco años que “significa afectar derechos fundamentales” y esta parte es la que, a su juicio, está en juego, porque ya no se puede destituir a Grau. Y se centró en que en el libelo se acusa al exministro de “mal desempeño del cargo”. Y enfatizó que si hay un abogado en la defensa, aunque no se trata de un juicio penal, es porque “hay derechos en juego (…), no es pura política (...). Y no puede ser que tomemos una postura cuando los derechos en juego son de los míos y otra postura cuando los derechos en juego son de los otros”, advirtió.
En defensa de la acusación, el libertario Pier Karlezi señaló que las cifras pueden ser técnicas, “pero las decisiones son políticas y la responsabilidad también lo es” y mientras más alto el cargo, debe ser también más alto el estándar que se le aplique. Además, planteó que mientras la responsabilidad de Grau es política, no lo son los hechos que la provocaron.
Mientras que el socialista Juan Santana dijo defender una regla no a un determinado gobierno y enfatizó que “quien gatilló esta acusación fue el ministro de Hacienda Jorge Quiroz”, generando con ella una “cortina de humo” sobre los recortes sociales que se estarían imponiendo.
Pero claramente, los argumentos de la defensa no cambiaron la posición de los diputados, ya sea a favor o en contra de la acusación, que terminó siendo aprobada por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Todo, pese a que algunos diputados de RN y toda la DC rechazaron el libelo.
Cabe mencionar que, además de pareos y permisos por viajes, en la sesión de este martes abundaron las licencias médicas, aunque las que más llaman la atención son los casos de los diputados del Partido Republicano Macarena Santelices, que presentó una licencia médica entre los días 22 y 24 de junio por “impedimento grave” o José Meza, quien entre el 22 y 24 de junio hace uso del “permiso parental”, pero que sin embargo llegó a votar; el diputado libertario Erich Grohs que goza de licencia médica desde el 22 de junio al 01 de julio por “impedimento grave”.
A continuación de la aprobación de la acusación se debe informar al Senado, que actúa como jurado, dentro de las 24 horas siguientes. Al conocer el oficio, esta corporación deberá fijar la fecha para revisar la acusación, para lo cual tiene un plazo de entre cuatro y seis días, por lo que el próximo 30 de junio a más tardar, la Sala de la Cámara Alta debería ser citada para pronunciarse sobre el tema. Los diputados Pier Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (PR) y Paulina Muñoz (PNL) conformarán la comisión que presentará el informe ante los senadores.
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