Hace casi un año que el Congreso terminó de tramitar la polémica Ley de Lobby, cuya aprobación tomó cerca de 14 años. Y pese a que el entonces ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, festejó el logro como un punto más que se anotaba la administración de Sebastián Piñera, lo cierto es que los cuestionamientos a la normativa estuvieron presentes durante todo el debate y se mantienen incluso hasta ahora, cuando la normativa comienza a regir. La principal crítica siempre ha sido que no fiscaliza a quienes practican el lobby, sino a quienes son objeto de él.
De allí que paralelamente a la implementación de la normativa se insista en que esta legislación no es lo que originalmente se buscaba: regular la actividad y a quienes realizan el lobby. Incluso la actual ministra de la Segpres Ximena Rincón, quien como senadora se abstuvo a la hora de votar, en el marco del seminario "Transparencia es Confianza", el pasado viernes, reconoció que esta ley "no nos tiene satisfechos a todos" y le atribuyó justamente al gobierno anterior el que resultara tal como fue aprobada.
Uno de los defensores de la normativa es el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo. Consultado por DF, afirma derechamente que "no creo que haya que hacerle ningún ajuste", pese a que no descarta que su ejercicio pudiera evaluarse más adelante. Y respecto a la no existencia de un registro de lobistas sostiene que la normativa permite dos fórmulas para ello. Por un lado, que la entidad que practica el lobby se inscriba previa y voluntariamente. Por otra parte, que en la medida que un lobista ejerza la actividad, quedará registrado automáticamente.
También advierte que la aplicación "de estas leyes supone un cierto grado de buena voluntad y un cambio cultural, que es muy importante".
Registro de audiencias
Marcelo Drago.
Mientras, el consejero del Consejo para la Transparencia Marcelo Drago sostiene que "sin encontrar malo lo que existe, como un primer paso, lo que tiene esta normativa es que las obligaciones y sanciones están puestas sobre los funcionarios públicos. Esa es la crítica. Lo otro malo es que pone un manto de duda sobre la actuación de la autoridad y no sobre los lobistas".
Se trata de una postura que le da algo de sustento a las críticas que se le están haciendo a la iniciativa. Porque, a juicio de Drago, la ley debiera estar centrada justamente en los lobistas y no en las autoridades que son objeto de su actividad. Por lo que estima que la actual "es más una ley de registro de audiencias que de lobby".
En todo caso, el ex senador socialista Camilo Escalona ya adelantaba lo que sería la aplicación de la polémica normativa, cuando en su intervención en la Sala de la Cámara Alta, el 21 de enero de este año, comparaba la actual legislación con un auto de marca: "voy a votar en contra, porque este proyecto es igual que un Mercedez Benz, pero sin motor".
En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI) valoró la entrada en vigencia de la ley, destacando que con ella "toda persona natural o jurídica que quiera hablar con un parlamentario para conseguir una influencia en un proyecto de ley, tiene que pedir una reunión por escrito. Esa reunión y su resultado, será informada por el parlamentario todos los meses, a través de una comunicación, la que finalmente va a estar registrada en el Consejo para la Transparencia". Además, anunció jornadas de capacitación en el Senado.
La ley (N° 20.730) será aplicada de manera gradual para estar totalmente en régimen en 12 meses
22 de enero de 2014: El ex ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, calificó como un hito "histórico" la aprobación de la Ley de Lobby en el Congreso.
08 de marzo de 2014: Se publica la Ley en el Diario Oficial.
29 de noviembre de 2014: Comienza a regir oficialmente la Ley de Lobby. A excepción de los embajadores, a los que se les retrasó la aplicación.
01 de febrero de 2015: El Consejo para la Transparencia entrega el primer informe trimestral consolidado y sistematizado de los sujetos pasivos; sus reuniones de lobby y de los lobistas y gestores de intereses particulares. Dicha información será accesible a la ciudadanía.
Noviembre 2014: La normativa será aplicada de manera gradual. A los 3 meses de publicado el reglamento (agosto 2014) deberán dar cuenta los ministros, autoridades de la Contraloría, Banco Central, FFAA, Congreso, Ministerio Público, entre otros, llegando al 6% de los funcionarios públicos.
A partir del octavo mes se integrarán los jefes de servicio, intendentes y gobernadores, y jefes de gabinete, llegando al 31% de funcionarios públicos.
En el mes 12 se sumarán alcaldes y concejales, entre otros, llegando al 100% de los funcionarios públicos, es decir 4.591.
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