Un total de 161 personas imputadas y 46 resoluciones judiciales favorables arroja la estrategia judicial implementada por la Compañía General de Electricidad (CGE) y la empresa de protección de activos ALTO, para desbaratar redes dedicadas al hurto de suministro eléctrico a nivel nacional. A través de la presentación de más de 1.300 querellas, la alianza busca frenar la escalada de un delito que suma 3.300 casos en el país, durante los últimos 18 meses.
De acuerdo al catastro de CGE, entre enero de 2025 y junio de 2026 se registran 3.300 casos de hurto de energía eléctrica a nivel nacional, un ilícito que predomina en territorios que combinan polos urbanos, industriales y agrícolas de la zona centro-sur del país. De hecho, las regiones del Maule (622) y O'Higgins (611) son las que reportan mayor incidencia, seguidas de la Región Metropolitana (608). La problemática también se extiende fuertemente al Biobío (327) y La Araucanía (272).
A nivel comunal, los focos de mayor prevalencia de este tipo de ilícitos ocurre en Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo, donde CGE ha debido reforzar de manera prioritaria la seguridad operativa de sus redes.
Amenaza a la seguridad
Las indagatorias penales revelan la complejidad organizativa detrás de las conexiones clandestinas. El gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, Eduardo Hernández, detalló que la persecución del ilícito ha sacado a la luz un patrón de actuación coordinada en la instalación de empalmes irregulares.
El impacto de las conexiones irregulares obligó a la distribuidora a endurecer sus acciones sancionatorias. El director de Servicios Jurídicos de CGE, Ernesto Peñafiel, advirtió que “el hurto de energía no sólo genera un perjuicio económico para la compañía: también compromete la calidad y la seguridad del suministro para miles de clientes que sí cumplen con sus obligaciones”.
En esa misma línea, desde ALTO enfatizaron que los costos de este ilícito terminan siendo traspasados al conjunto de los usuarios del sistema. “No debemos subestimar este delito. Cada conexión clandestina implica una sobrecarga en la red que puede derivar en incendios, electrocuciones o cortes de suministro, con impacto directo en la seguridad y la calidad del servicio para toda la comunidad”, explicó Hernández, haciendo un firme llamado a la ciudadanía a denunciar estas vulneraciones.