Tras dos horas de reunión en el Gobierno Regional del Biobío, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, defendió la decisión del Ejecutivo de cambiar el modelo de ejecución de los corredores de transporte público del Gran Concepción, que pasarán desde la Dirección General de Concesiones a la Dirección de Vialidad.
El secretario de Estado sostuvo que la modificación es administrativamente factible porque el proceso concesional no alcanzó a completarse. Aunque existía una oferta que cumplía con los requisitos, el acto administrativo no había sido visado por la Contraloría General de la República.
“Nunca salió el decreto de adjudicación. Nunca se ejecutó el decreto de notificación”, afirmó De Grange. Mientras no se concretara la toma de razón, explicó, el proyecto no se encontraba formalmente adjudicado.
En diciembre de 2025, Electro Cointer -filial del grupo español Azvi- fue la única compañía que presentó una oferta para ejecutar las obras, cuya inversión total bordea los US$ 400 millones.
La visita del biministro ocurrió después de que se conociera que Hacienda había resuelto frenar las iniciativas debido a la estrechez fiscal y a la necesidad de reducir compromisos futuros de gasto. La decisión encendió las alertas entre las empresas y autoridades regionales, y llevó a una delegación del Biobío a viajar a Santiago para plantear sus reparos ante La Moneda.
De Grange aseguró que el cambio de fórmula no alterará las características ni el calendario comprometido. “El diseño del proyecto se mantiene exactamente igual (…) En relación a los plazos de construcción, son exactamente los mismos”, sostuvo.
El MOP deberá presentar dentro de un mes una carta Gantt y los estudios técnicos que definan cómo se concretará el traspaso. Sin embargo, las explicaciones no lograron despejar las dudas de las autoridades locales, que temen que el nuevo esquema obligue a iniciar otro proceso administrativo y retrase las obras.
“El diseño del proyecto se mantiene exactamente igual (…) Los plazos de construcción son exactamente los mismos”, dijo De Grange.
Alerta para el sistema de concesiones
La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt, advirtió que la decisión afecta la confianza necesaria para impulsar proyectos de gran escala.
“La claridad sobre los proyectos, la certeza jurídica y la confianza en la asociación público-privada son elementos esenciales para el desarrollo de iniciativas de infraestructura de envergadura significativa para el país”, señaló.
Hutt afirmó que el gremio observa con preocupación que, en una etapa avanzada de la licitación, se opte por frenar el proceso y sustituirlo por “un mecanismo de financiamiento público de cuya evaluación y sustento técnico no se ha informado”.
“Esta decisión afecta negativamente el modelo de concesiones y constituye una señal de alerta para la atracción de inversiones, que requiere estabilidad en las reglas”, agregó.
La exministra pidió al Ejecutivo reconsiderar el cambio y confirmar la continuidad del proceso concesional. De mantenerse el traspaso, dijo, el gobierno deberá aclarar los términos de ejecución, posibles cambios al proyecto original, los plazos, el financiamiento y la futura mantención de la infraestructura.
El presidente de la Cámara Española de Comercio de Chile, Miguel Ángel García Moreno, también cuestionó la señal que el episodio transmite a los capitales internacionales.
“Por más de 30 años, el sistema de concesiones de obras públicas ha sido una modalidad de ejecución de obras muy exitosa y que ha permitido que Chile haya dado un gran salto en el desarrollo de su infraestructura”, afirmó.
A su juicio, lo ocurrido con los corredores “genera una incertidumbre que no es una buena señal para los inversionistas extranjeros ni para el fomento de la asociación público-privada”.
García Moreno agregó que las concesiones son “una muy buena herramienta de inversión en momentos de mayor estrechez fiscal, como hoy ocurre en Chile”, y manifestó su expectativa de que el Ejecutivo reconsidere la decisión.
Autoridades locales mantienen las dudas
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, exigió al gobierno entregar los antecedentes legales, logísticos y técnicos que permitan garantizar que el corredor de la Ruta 160 estará operativo en 2032.
“Más allá de todos los discursos, aquí llevamos un puente que se está ejecutando hace 13 años, una costanera que se está ejecutando hace 30”, cuestionó. También pidió transparentar el ahorro fiscal que justificaría la decisión, pues, según afirmó, “toda la experiencia indica que la obra pública cuesta 74% más que la de concesiones”.
El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, también puso en duda los plazos. “Nos quieren hacer creer que, entregando estas obras a Vialidad, esto va a salir antes. Si eso ocurre, en al menos cinco o seis años recién se van a estar iniciando las obras”, sostuvo.
En contraste, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) respaldó el cambio y cuestionó al único oferente, recordando la participación de Azvi en la construcción del puente Cau Cau, en Valdivia.
El gobernador regional, Sergio Giacaman, valoró que el Ejecutivo confirmara la continuidad de los proyectos -“hace 48 horas no teníamos proyecto y hoy día lo tenemos”, dijo-, pero condicionó su confianza a que los compromisos sean formalizados. Para fiscalizar su cumplimiento, pidió que De Grange viaje mensualmente a la región a reportar los avances.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Ministros
{{/if}}
Presentado por:
