En Chile, las necesidades de infraestructura son cruciales para mejorar la calidad de vida y avanzar hacia la sostenibilidad. Por ello, es imperativo que los proyectos generadores de valor se evalúen bajo criterios objetivos y apegados a normas técnicas. Las decisiones que afectan la aprobación de grandes iniciativas, como la Central de Bombeo Paposo, de Colbún, deben enmarcarse en una política de Estado que busque resolver los problemas estructurales del país.
La dependencia de criterios subjetivos puede retrasar el desarrollo de la infraestructura y poner en riesgo el bienestar de las personas.
La controversia reciente en torno a Paposo ejemplifica cómo los procesos de evaluación ambiental pueden desviarse de su propósito original si no se alinean con las necesidades del país. Este proyecto fue suspendido por supuestas deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Si bien es necesario respetar las normativas ambientales, las observaciones deben ser proporcionales, basadas en criterios técnicos y sin interpretaciones arbitrarias. Colbún, la empresa detrás de la iniciativa, argumentó que las brechas de información señaladas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) podían ser subsanadas dentro del mismo proceso de evaluación, como ha ocurrido en otros casos. No obstante, el SEA regional decidió finalizar el proceso de manera anticipada, deteniendo una inversión de US$ 1.400 millones y sembrando incertidumbre jurídica para futuros proyectos.
Chile ha apostado por modificar su matriz energética para alcanzar la meta de cero emisiones en 2050, por lo que proyectos como Paposo son fundamentales.
Las políticas públicas no deben depender de criterios individuales o interpretaciones desalineadas con las prioridades nacionales en energía, sostenibilidad y bienestar. La decisión de la directora de la institución de remover al director regional, aparentemente responsable de las trabas impuestas al proyecto, es un paso positivo. Este tipo de acciones refuerza la importancia de que las decisiones en el sector público tengan consecuencias, en especial, cuando carecen de fundamento técnico o no se ajustan a las lógicas de la institución.
Chile necesita un sistema de evaluación de proyectos de infraestructura transparente, eficiente y coherente con una política de Estado orientada a mejorar la calidad de vida, en la que el medio ambiente tenga un rol fundamental. La energía renovable, la infraestructura hídrica y el transporte son áreas estratégicas para un desarrollo sostenible que responda a las demandas de las personas.
Es vital que los organismos públicos trabajen de manera coordinada para que los proyectos que cumplen con los requisitos técnicos y legales avancen sin dilaciones injustificadas y que su contribución a un mejor medio ambiente no se vea entorpecida por una interpretación sesgada de la legislación ambiental.
De esta forma, es fundamental eliminar las trabas injustificadas y que quienes tomen decisiones erróneas asuman las consecuencias. Solo así construiremos un país más justo, eficiente y comprometido con el bienestar de todos.
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