Impacto generó la información dada a conocer respecto de que casi 95.000 afiliados peruanos que retiraron sus fondos de la AFP ya se gastaron ese ahorro. Lo anterior, en el marco de la ley sobre jubilación anticipada que rige desde hace tres años y que permite retirar hasta el 95,5% de los fondos de pensiones.
Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, entre mayo de 2016 y febrero de 2019 los afiliados que optaron por retirar sus ahorros previsionales, tras jubilarse, sumaron más de 220 mil personas.
La noticia fue comentario obligado en redes sociales, y también por el efecto que podría tener en AFP Habitat, que desde 2012 tiene operaciones en Perú, tras ganar la licitación de nuevos afiliados, hecho que repitió en 2014.
Aunque tiene más de un millón de afiliados, el retiro masivo de fondos no afectó mayormente a la administradora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción ya que su cartera es más joven que la del resto de la industria.
Aún así, al cierre de febrero de 2019 un total de 2.190 personas (1.134 hombres y 1.056 mujeres) solicitaron retirar el 95,5% de sus fondos por un total de US$ 90 millones, un 1,6% del total retirado en el sistema.
Preocupación de las AFP
La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), presidido por el chileno Guillermo Arthur, manifestó su preocupación "acerca de la forma en que las autoridades peruanas responderán frente a los pensionados, cuando estos hayan agotado sus ahorros".
Revelaron que a la fecha, 220 mil personas han retirado un total de US$ 5.134 millones.
"Esta situación no solo afecta a los trabajadores peruanos, sino que a los demás países de la Alianza del Pacífico. En efecto, frente al incremento de los movimientos migratorios, los países miembros de la mencionada Alianza, habían avanzado en un acuerdo para la portabilidad de los fondos, a fin de permitir que los trabajadores pudieran traspasar sus fondos a los países donde actualmente residan", señaló la FIAP.
Añadieron que la discusión de este acuerdo se paralizó ante el riesgo de que a través de los fondos de Perú, los ahorros de los trabajadores de los demás países pudieran gastarse en propósitos no relacionados con la pensión.
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