Fue en septiembre de 2025 cuando Toesca hizo su ingreso al Caso Sartor, tras hacerse cargo de los fondos mutuos y de inversión de la gestora en liquidación.
Desde su involucramiento, comenzaron una serie de gestiones para la cobranza de las carteras de deuda privada, tanto en la continuación de procesos existentes comenzados por el entonces liquidador Ricardo Budinich, como nuevas avanzadas para captar recursos para los aportantes. Los primeros resultados llegaron en junio, cuando anunciaron el pago de distribuciones por $ 4.543 millones -unos US$ 5 millones- a aportantes de los fondos “Sartor Capital Efectivo” y “Sartor Proyección”.
Pero su rol no ha sido solo en lo civil. A la fecha, son de los principales denunciantes de la causa, con cuatro querellas ingresadas en los últimos meses en contra de los socios de Sartor, sus exdirectores y sociedades relacionadas, además de una quinta acción criminal en contra de un excliente de los fondos.
En conversación con DF, el abogado de Toesca, el socio de Cortés & Rodríguez, Sergio Rodríguez, detalló las principales conclusiones de la trama en base a los antecedentes que se han ido revelando en la arista penal del caso.
“Las cuatro querellas describen un esquema común: los fondos financiaron, de forma sostenida, a sociedades relacionadas al grupo controlador o a sus directores, sin cumplir el procedimiento de operaciones con partes relacionadas de los artículos 61 y 62 de la Ley Única de Fondos, mediante créditos sin garantías proporcionales, pagarés espejo, triangulaciones, garantías circulares y prórrogas con capitalización de intereses”, conocidos como “evergreening” o “zombie lending”, sostuvo el penalista.
En sus querellas, Toesca imputa a los socios de Sartor los ilícitos de negociación incompatible, administración desleal y delitos económicos.
Para Rodríguez, se trató de un caso de “una falsa representación mediante estados financieros falseados, que motivó a cientos de personas a poner sus recursos a disposición de este grupo. Bastó una instrucción, un 'OK' por correo electrónico, para que millones de dólares se transfirieran a las sociedades de los controladores y ejecutivos”.
Protagonistas
Rodríguez también apuntó contra el gobierno corporativo de Sartor AGF. “Se han constatado bonos (stock options) a ejecutivos y comisiones millonarias, sin explicación coherente, pagadas mensualmente, bajo una lógica de negocio propio y sin consideración a que se trataba de dineros de inversionistas, respecto de los cuales existía un deber legal de actuar con diligencia”, afirmó.
- ¿Quiénes fueron los principales beneficiados, según sus antecedentes?
- De acuerdo a nuestras querellas los recursos de los fondos derivaron en beneficios personales concretos para directores de Sartor AGF. Michael Clark, a través de Inversiones Antumalal Limitada, adquirió el 100% de las cuotas del FIP Tactical Sports por US$ 5,7 millones, un tercio del precio pagado en 2021, y con ello el control personal de Azul Azul S.A., activo financiado originalmente con recursos de los fondos que él mismo administraba como director. Pedro Pablo Larraín Mery, controlador simultáneo de Sartor AGF, Cerro El Plomo S.A., Downtown Investments LLC y Asesorías e Inversiones Sartor S.A., terminó siendo dueño, junto a terceros, del proyecto inmobiliario en Miami financiado con recursos del Fondo Táctico Internacional.
Danke SF SpA fue controlada, en distintos períodos, por el propio Larraín Mery, por Carlos Emilio Larraín Mery y, desde diciembre de 2024, por Hugo Baranda Peralta.Emprender Capital Servicios Financieros SpA y Emprender Capital Leasing SpA operaban bajo el mismo grupo controlador. Sergio Yáñez Astete es descrito como beneficiario del hecho Ecapital/Inverges.
-¿Quiénes tuvieron mayor participación en la decisión de las inversiones?
- El Comité de Crédito de Sartor AGF estaba integrado, según el período, por Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Miguel León, Óscar Ebel, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera. Larraín y Harz muestran la participación más constante en las aprobaciones citadas (correos, actas, firma de pagarés). Clark aparece como aprobador en operaciones puntuales y, en el hecho Azul Azul, se le atribuye una decisión no informada al directorio de esa sociedad.
Clark y Azul Azul
- ¿Cuál fue el rol de Clark en el esquema, pese a no ser socio de Sartor y solo desempeñarse como director?
- Clark era director de Sartor AGF e integrante de su Comité de Crédito, sin figurar como controlador o accionista de la matriz. Su relevancia surge de una concurrencia de calidades que la querella Azul Azul describe como núcleo de un conflicto de interés: en la operación de diciembre de 2024 era simultáneamente director de Sartor AGF (administradora vendedora indirecta), presidente del directorio de Azul Azul S.A. (sociedad cuyas acciones estaban en la cartera del fondo) y controlador de Inversiones Antumalal (sociedad compradora).
A través de Antumalal adquirió el 90% de las cuotas del FIP Tactical Sports por US$ 5,7 millones, alcanzando el 100%, días después de que la CMF suspendiera los aportes al fondo, a un precio inferior al de 2021 y al de mercado.
Directores de Azul Azul declararon que la operación no fue informada al directorio y que Clark guardó silencio al respecto. Recibió la tercera sanción administrativa más alta de la CMF (UF 65.000 e inhabilidad de cinco años)
- ¿Tiene algún impacto que se haya revertido dicho contrato de compraventa?
- Lo que ocurra con estos activos pertenece al plano civil y concursal y no altera la situación penal: los delitos que se formalizarán están consumados, y su configuración no depende del destino patrimonial de los activos ni de que estos recuperen o pierdan aún el poco valor que tienen. Lo que pueda suceder no incide en la existencia del ilícito ni en la responsabilidad penal que corresponda determinar por parte de los tribunales.
Las cifras
Rodríguez también detalló las cifras de exposición de los fondos por arista. “Se trata de préstamos que no podían realizarse, por existir una prohibición legal para ello, de dinero prestado a relacionadas que no pagaron o pagaron parcialmente”, sostuvo.
En el desglose, la arista ECapital mantendría cerca de $ 40.000 millones en pagarés incobrables. En tanto, los fondos tendrían exposición de US$ 33,5 millones al proyecto Faena en Miami, en mora.
A Tactical Sports, se mantienen préstamos impagos al FIP Tactical Sports por cerca de $ 8.000 millones y deterioro promedio de 67% en el Fondo Leasing. Finalmente, señaló un perjuicio de $ 29.279 millones, con exposición bruta cercana a $37.500 millones por Danke y ECapital.
“Algunos negocios existieron y operaron, como en Miami y Azul Azul, sin que los fondos accedieran realmente a sus flujos, mientras que las sociedades 'Ecosustentables' no tenían operación real”, concluyó.
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